Caretas. El ex Comandante General del Ejército considera que la situación del narcotráfico y la violencia consecuente en el Perú es mucho más grave de lo que se supone, y plantea aplicar una estrategia múltiple que, sin idas y venidas, confronte la complejidad del problema e incluso contemple un subsidio para cocaleros pobres.
Si el Plan Colombia trasladó el centro de gravedad del narcotráfico al Perú por el llamado “efecto globo”, algo que nadie vaticinó como una amenaza importante, hoy su gravedad debe ser evidente para todos los peruanos.
Las señales son múltiples:
– Los sembríos de coca en expansión.
– La mayor producción y exportación de cocaína.
– El aumento de muertes y “ajustes de cuentas”.
– El incremento del consumo interno de cocaína y drogas sintéticas.
– La incapacidad para frenar el flujo de insumos químicos llamados fiscalizados (IQF).
– El incremento de “burriers”.
– La presencia de carteles extranjeros y la generación de equivalentes peruanos.
– El lavado de activos indetectables.
– La exigua incautación de drogas en proporción a lo producido.
– El crecimiento desmesurado de cultivos de amapola.
– Las escasas sentencias judiciales sobre capos significativos.
– Las demoras asombrosas para implementar medidas planteadas hace años.
Y, por si fuese poco, la presencia de cocaleros elegidos en el Ejecutivo y Legislativo por votación popular.
Si estos indicadores sirven para determinar tendencias, galopamos hacia un escenario de violencia como aún se da en Colombia, crece en México y crea la posibilidad de un narco-estado.
El narco-Estado
Entiéndase por narco-estado aquel en el que los poderes públicos e instituciones determinantes son influenciados por directivas que directa o indirectamente favorecen al narcotráfico, un hecho que es casi siempre imperceptible a la observación común.
La amapola que ahora crece aceleradamente en el Perú confirma el reforzamiento de una vena delictiva que tiende a hacerse cultura.
La amapola no es un cultivo ancestral peruano que exija respeto de costumbres. Esto, y los sembríos de coca en lugares donde no existe el “chacchado”, nos alertan sobre el riesgo de seguir cediendo espacios.
Los delincuentes los ocuparán hasta hacer masa crítica y asegurarle al Perú más violencia.
Testigo especial
He sido parte del alto mando de las Fuerzas Armadas y testigo del problema en sus diversas dimensiones, especialmente aquella ligada a la decisión política, donde creemos está el inicio de las soluciones.
Y es que la decisión política significa poco o nada sin la férrea convicción de implementarla, de ejecutarla.
No se pueden negar avances en el Valle del Huallaga, o golpes importantes aunque aislados de Dirandro, pero el control de IQF es un rotundo fracaso, y en cualquier estrategia, la reducción de insumos es vital.
Muchos insumos que llegan a las cuencas productoras son importados y sus volúmenes exceden las necesidades del mercado legal. Sin embargo, esa importación se mantiene igual. Un gran negocio, sin dudas.
La erradicación es un gran dilema por estos días y no merece serlo.
Se deben respetar las costumbres ancestrales de la población andina que necesita la hoja de coca para el “chacchado”, y comprender a la gente pobre que baja del Ande hacia la ceja de selva para mejorar sus condiciones de vida.
En realidad la gran mayoría de agricultores cocaleros son pequeños parceleros pobres.
Pero ¿qué sucede con las grandes plantaciones que claramente van al narcotráfico? Las hay ubicadas en el Putumayo o en Ramón Castilla, donde nadie tiene la costumbre de “chacchar”.
¿Qué de las plantaciones en lugares alejados del Vizcatán bajo la sombrilla de capos del terrorismo?
La opción es clara: hay que erradicarlas.
La erradicación, sin embargo, no es una solución única, sino parte de un engranaje que incluye el control de los IQF, la interdicción por aire, mar y tierra, la promoción de cultivos alternativos con valor agregado, vías de comunicación para extraer la producción legal, etc.
Pero este engranaje no trabaja sistémicamente hoy: da un paso adelante y otro atrás.
En Tambopata, Inambari, La Convención, Aguaytía, Ramon Castilla, Putumayo, etc., los cultivos de coca se expanden como manchas de aceite. También la amapola, en más de diez regiones.
En estos lugares, pronto se incrementará la violencia, pues los cabecillas demandan seguridad armada para la vigilancia de pozas, transporte, trasteo de insumos, la competencia por espacios y rutas, el control de los cárteles, etc.
Esta situación puede ser aprovechada por los movimientos terroristas activos, por aquellos que puedan resucitar o generarse.
¡Cuidado! Pronto puede ser demasiado tarde.
Subsidio por erradicación
Alguna vez esbocé la posibilidad de un “subsidio por erradicación” para los pequeños parceleros pobres, a fin de involucrarlos en la erradicación.
Así pasarían de ser parte del problema a ser parte de la solución.
Es una posibilidad concreta en el mediano y largo plazo, pero conlleva asegurar la sobrevivencia al pequeño productor mediante una subvención por el tiempo que tome generar productos legales de sustitución.
En este esquema el Estado no puede estar ausente y dejar las soluciones en manos del mercado.
El legado que asume este gobierno es difícil y más grave que lo heredado por los anteriores.
Hoy la enfermedad tiende a hacer metástasis en un organismo intrínsecamente débil.
No hay tiempo que perder en disquisiciones. Atañe a la seguridad de todos los peruanos.
En este ya mayúsculo problema, el VRAE es solo uno de los focos, agravado por una nueva expresión de Sendero Luminoso que hoy juega a ganar el apoyo de la población.
Justamente lo que el Estado debe hacer.
Los hermanos Quispe Palomino tienen en el narcotráfico su base logística y están, por vez primera, cercanos a lograr una real base de apoyo social con los cocaleros en una ecuación de apoyo mutuo.
No hay que ser brujo para darse cuenta que pronto embriones terroristas serán sembrados en otras cuencas y con ello el “modelo VRAE” de terroristas y narcotráfico apareado se multiplique.
¿En este escenario, qué hacer?
Mucho. La decisión política debe llevar la convicción de vencer en todos los planos sin idas y venidas, como hasta ahora.
Las idas y venidas desde hace dos décadas respecto al VRAE, que han incluido ceder la iniciativa, han costado cientos de vidas.
¿Quienes responden por ellas?
Ahora el VRAE es la prueba de fuego y vencer ahí será decisivo y permitirá replicar lecciones aprendidas.
Si hay convicción, se podrán implementar las garitas de control multisectoriales, donde la coordinación y el control mutuo impidan la corrupción y el flujo de IQF.
Se podrán emplear tropas profesionales y no soldados bisoños cuando el reglamento de la ley de tropas especialistas no siga encarpetado por falta de decisión en el MEF.
Si hay convicción un Poder Judicial convencido sancionará a los que lavan activos.
¿Veremos algún día a un capo de cuello y corbata sentenciado por el Poder Judicial?
Solo cuando haya verdadera convicción.
Por igual se erradicarán las grandes plantaciones, se frenará el crecimiento de los sembríos ilegales y la interdicción en puertos y caminos conocidos será más efectiva.
Logrando como aliados a los parceleros pobres, el responsable político no será solo un coordinador que se pierde en la maraña burocrática, sino alguien con capacidad de decisión, con rango de ministro o director de un Proyecto Especial con presupuesto propio y convicción.
Si hay convicción no se capturarán solo “chauchillas” sino a los verdaderos cerebros, y los gobiernos regionales involucrados no mirarán el problema como extraño a sus responsabilidades.
Esta guerra es multidimensional y de recuperación de “cabeceras de playa” ya controladas por el crimen.
Algo debe quedar muy claro: nadie solucionará este problema sino nosotros los peruanos. Cualquier ayuda económica externa será solo ayuda.
Sabemos que hay corresponsabilidad en los consumidores, pero el problema en el Perú es nuestro.
Debemos convencernos de la gravedad de la situación y del enorme desafío que esta amenaza plantea.
Es tiempo de tensar fuerzas y mover el engranaje, no de ambivalencias. No hay más alternativas.
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