La República. Un certero artículo de nuestro colaborador Juan de la Puente proponía desde esta página la necesidad de un gran Pacto Nacional contra las Drogas. Sus razones, que sintetizamos aquí, eran las siguientes: 1) Nuestra condición de exportadores de cocaína, posiblemente los primeros a nivel mundial; 2) El fracaso del Estado en las tareas de interdicción de drogas finales, insumos químicos y lavado de activos; 3) La “cocalización” de varias economías regionales; 4) El desembarco de carteles mexicanos en el país, que está transformando para peor las mafias peruanas; y 5) El asedio de la política y la sociedad por el narcotráfico.
Nunca como ahora, el tema ha estado tan presente en la agenda pública, en la que se debate una nueva Estrategia Nacional contra las Drogas para el quinquenio que se inicia. Las razones para impulsarla brillan por su evidencia: los programas anteriores de erradicación de cocales han fracasado y las mafias locales han pasado de la fabricación de PBC a una siguiente fase, que comprende la elaboración de cocaína, la cual es “exportada” por puertos y aeropuertos como a través de una gran coladera, o atraviesa nuestras fronteras por vía terrestre.
En este panorama, el actual gobierno ha hecho bien en no querer mirarse en el espejo del anterior, que no pudo impedir –pese a proseguir con la erradicación, que no debe suspenderse– el aumento de la superficie dedicada al sembrío de cocales.
Otra medida tomada fue el fin de la producción de kerosene, considerado el principal insumo para la producción de PBC, pero que fue rápidamente reemplazado por gasolina. También se anunció un estricto control del tráfico de insumos, pero la instalación de controles carreteros por medio de escáneres nunca comenzó. Y se invirtieron US$ 285 millones en el VRAE sin lograr que el narcotráfico y el narcoterrorismo retrocedieran.
Ahora bien, en la búsqueda de alternativas, hay que tener cuidado de no caer en viejas recetas fallidas, como la que se ha anunciado como gran novedad y que consiste en un subsidio que se daría a los agricultores cocaleros como ayuda para que dediquen sus plantaciones a cultivos alternativos.
Una vez más se comprueba que somos un país de memoria corta, cuando no de grandes olvidos. Estos programas de subsidio ya se intentaron entre 1992 y 1997 durante el fujimorismo y fueron un gran fracaso, pues se comprobó que daban lugar a una conversión que era solo de fachada.
En efecto, lo que ocurría es que los agricultores que se acogían al plan de subsidio trasladaban sus campos de cocales a otras zonas de la selva, incrementando así el enorme daño ecológico que ocasionan, pues en su afán de disimular sus actividades deforestaban zonas de selva primaria, ampliando la superficie contaminada por su actividad.
Si el gobierno quiere aplicar una nueva estrategia antidrogas debe olvidarse de recetas como esta y poner en marcha otras más eficaces e imaginativas. Ojalá sea así.
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