La República. La presencia en listas parlamentarias de personas vinculadas al narcotráfico ya ha pasado de ser una excepción a ser una tendencia. Sobre todo si asumimos que la capacidad de los medios para investigar candidatos es limitada. Los destapes aparecidos hasta pueden ser considerados como una muestra, no como la suma total. Hay varias hipótesis en el ambiente.
La más sencilla afirma que para gente en problemas con la ley los cinco años de relativa inmunidad en el Congreso resultan especialmente atractivos. La gente de la droga vendría a ser una parte, y quizás la parte mejor financiada y más temeraria, de este contingente que toca las puertas del parlamento, y a veces las abre.
Esto puede complementarse con la idea de que en muchos lugares este financiamiento y temeridad convierte al narco en persona prominente de la comunidad. Son algo así como líderes naturales, a veces incluso articulados a otras fuentes de influencia. Así, el Congreso sería una avanzada más en la expansión de una estructura de poder que incluye lo delictivo, lo informal, lo lícito.
Es claro que la capacidad de los partidos para investigar quiénes son los amigos que sube a bordo es aun menor que la de los medios. Al menos siempre se muestran sorprendidos. Aun si les concedemos que ninguno quiere a un narco en sus filas, parece que el deseo de reclutar gente mosca con abundantes recursos termina pesando más que cualquier sospecha, y enervando cualquier investigación.
Una hipótesis más elaborada es la conspirativa: los sectores más organizados del mundo de la droga –exportadores y cocaleros– promueven la toma de la política. En parte cercando a políticos desaprensivos y en parte alentando la politización, por así llamarla, de los microtraficantes en el sistema: alcaldes, consejeros, congresistas.
Todavía no hay disponibles estudios sistemáticos sobre la ósmosis entre la droga y la política, que ayudarían a explicar por qué unas campañas están más salpicadas que otras, si los candidatos narcos tienen ventajas competitivas y cuáles serían estas, o si existe un corpus de iniciativas legislativas discretamente a favor del narcotráfico.
En la hipótesis más sencilla el acusado o prontuariado solo busca salvar el pellejo y no tiene la menor intención de elevar su perfil desde el hemiciclo. En la hipótesis más elaborada este tiene objetivos y tareas, que funcionan como una suerte de doble militancia. Quizás hasta tendría jefes secretos en el mundo político.
Este mundo político (un poco como las páginas de la crónica social, otro destino codiciado) en el fondo todavía no se da por aludido frente al problema. Hay alertas sobre la narcotización de la política, pero todavía no existen leyes que separen de manera tajante y automática las dos actividades.