El impactante asesinato de un ciudadano que se encontraba realizando una operación al interior de una conocida notaría de la capital ha servido para volver a poner sobre el tapete la situación de gravísima inseguridad que, crecientemente, se vive en el país. Más aun, nos ha recordado de una manera brutal cuán vulnerables estamos incluso en las situaciones aparentemente más seguras y protegidas.
Eso no es lo único, sin embargo, que este macabro suceso nos ha vuelto a enseñar. La muerte del señor Félix Gonzales (padre de una periodista de esta casa editora) también nos ha dado nuevas y muy gráficas muestras de los increíbles niveles de negligencia, improvisación y simple insensatez con los que nuestro Estado “combate” esta situación. Una situación tan desbordada que este Diario ha sido enlutado por ella ya dos veces en los últimos cuatro días: ayer por la tarde nos sobrecogió la noticia del asesinato de Luis Choy, fotógrafo de El Comercio, vilmente baleado por delincuentes en la puerta de su casa de Pueblo Libre.
Las primeras de las mencionadas muestras comenzaron durante el mismo asalto a la notaría. Esta queda a pocos metros de un local de la Dirandro, cuyos agentes de resguardo no advirtieron el ingreso de los delincuentes. Luego se lanzaron a perseguirlos, pero solo para perderlos a las pocas cuadras. La razón de esto último, según explicó el mismísimo director general de la policía, fue que no tenían “cómo comunicarse con otras unidades para interceptarlos”. Es decir, que somos un Estado con superávit que no es capaz de adquirir o poner en funcionamiento un equipo integrado de comunicaciones para su policía.
Después aparecieron en la escena los más altos niveles del Gobierno -el presidente y el ministro del Interior- y la cosa solo empeoró. El presidente recomendó no salir a la calle con grandes sumas de dinero e intentar hacer todas las transferencias posibles por medios electrónicos. En otras palabras, nos dijo algo así como que si no queremos ser baleados, lo que tenemos que hacer es no ponernos en la línea de tiro de los delincuentes. Aparentemente, no siente que hay mucho que él pueda hacer para impedir que proliferen estos últimos en libertad.
Sería muy bueno si, efectivamente, estuviera en manos de los ciudadanos el impedir ser víctimas de delitos violentos, cambiando simplemente de costumbres y, por ejemplo, bancarizándonos más, como nos lo ha sugerido el presidente. Así al menos no estaríamos en una situación de tanta impotencia. Pero las cosas no funcionan de esta manera. Mientras haya recursos -y en el Perú los está habiendo más que nunca antes-, la delincuencia encontrará el camino para seguirlos a donde quiera que se muevan. Si, por ejemplo, todos abandonásemos el dinero físico para trabajar solo con medios electrónicos, lo más esperable no sería que los ladrones desaparezcan, sino solo que cambien de modalidad, para dedicarse de lleno al secuestro y la extorsión (que, de cualquier forma, ya representan el 33% de todos los crímenes que se cometen en el país, según el INEI). ¿Qué haría entonces el Gobierno? ¿Recomendarnos que mejor no salgamos de nuestras casas? Si ese fuese el caso -y no es del todo descartable que lo sea dada la lógica empleada por el presidente en sus últimas declaraciones-, tampoco con ello se lograría garantizar mucho: el 17,4% de las viviendas de las principales ciudades del país fue víctima de robos o intentos de robo en los últimos seis meses del año pasado. No hay, pues, dónde esconderse. Con lo que la única consigna válida que podría darnos el Gobierno sería que nos desprendamos de todo bien material y nos dediquemos a la vida monacal.
El ministro del Interior, es cierto, tomó una línea diferente a la del presidente en sus declaraciones. Él sí habló de medidas que el Gobierno está tomando para controlar la situación. El problema está en que esas medidas no parecen haber sido tan bien pensadas. Así, se ha prohibido a los civiles el uso de armas de 9 milímetros y se ha dispuesto que la renovación de la licencia de porte de armas sea anual y ya no cada cinco años, incrementándose, a su vez, la cantidad de requisitos y exámenes necesarios para obtener estas renovaciones. La pregunta, claro, es si esto hará complicado para los delincuentes conseguir armas o si simplemente lo dificultará para quienes no lo son y sí se preocupan en sacar licencias y en evitar los mercados negros. Esto es, si no llevará al peor de los mundos: los criminales armados y los ciudadanos inermes.
La seguridad de su ciudadanía es la principal función de cualquier gobierno (si uno puede ser baleado cualquier miércoles mientras intenta vender su casa al interior de una notaría, de poco le sirve que el crecimiento haya aumentado el valor de esta casa).
Consiguientemente, un régimen que al año y medio de estar en el poder preside sobre una sociedad donde, según cifras oficiales, el 38,3% de personas ha sido víctima de la delincuencia solo en los últimos meses, es un régimen que está fracasando en su principal función. Y ni qué decir de lo que se puede esperar del futuro si su mejor respuesta frente a este fracaso es pedirnos a sus ciudadanos que nos cuidemos.