Tras una supervisión a los sistemas de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas en las municipalidades distritales de Shilcayo, Morales y San Martín (Tarapoto), la Defensoría del Pueblo recomendó a las autoridades ediles a dar cumplimiento a las pautas de buen gobierno, y así mejorar la atención de las municipalidades a la ciudadanía.
“Los hallazgos han confirmado una lamentable realidad en la administración estatal de estas instituciones. Los ciudadanos no son atendidos, sus trabajadores no cuentan con la asignación oficial de sus plazas, no hay información disponible de la nueva gestión, etc. Evidentemente, todo esto genera una situación de desconfianza entre los ciudadanos y las municipalidades”, indicó Santiago Tamay, coordinador del Módulo de Atención Defensorial en esta localidad, a INFOREGIÓN.
Según precisó el funcionario, los hallazgos más agravantes de la supervisión fueron: la falta de resoluciones de designación para los trabajadores de la municipalidad, la desactualización de portales de transparencia desde el cambio de autoridades municipales en el 2014, la falta de infraestructura para el acceso de personas con discapacidad a las áreas de trámites municipales, el retraso en la atención de solicitudes de información y la falta de comunicación con la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), la cual se establece para dar cuenta de la solicitudes de información que realizan los ciudadanos.
Ante esta situación, se recomendó a las municipalidades de Shilcayo, Morales y San Martín subsanar a la brevedad posible las principales fallas encontradas, adecuando físicamente la institución para el acceso de personas con discapacidad, actualizando los portales de transparencia, dando cumplimiento a los plazos establecidos ante las solicitudes de información y oficializando las plazas designadas a cada uno de sus funcionarios, entre otras cosas.
Finalmente, Tamay señaló que es fundamental que las instituciones estatales perseveren en el cumplimiento, optimización y perfeccionamiento de sus sistemas de transparencia y accesibilidad, a fin de fortalecer y potenciar lazos de confianza entre la ciudadanía y la administración pública, con los cuales construir una sociedad más justa y democrática.