Luego de tres días de silencio, el alcalde de Castillo Grande, Pascual Guzmán Alfaro, convocó a una conferencia de prensa para negar cualquier acto ilegal en su gestión y minimizó la denuncia del director subregional de Huánuco, José Miranda, quien en una visita inopinada a la zona, descubrió al regidor Julio Aliaga en momentos que utilizaba maquinaria pesada prestada por PROVIAS al municipio, para labores particulares y rentadas.
Acompañado de su asesor legal y con la venia de la mayoría de los periodistas presentes, el burgomaestre dijo que todo estaba normal y aseguró que nadie en su gestión había incurrido en ningún tipo de peculado de uso.
Asimismo, mostró documentos que, aseguró, demostraban que había un contrato entre el particular que recibió el servicio y su municipio y proclamó que su comuna, al igual que cualquier otro municipio, tenía el derecho de alquilar la maquinaria que le prestaron para recaudar fondos.
Lo que no explicó, y nadie se atrevió a preguntar, fue por qué la tarea de entrega de material se interrumpió abruptamente en el momento que el director subregional la descubriera y por qué además el regidor implicado, Julio Aliaga, huyó de la escena de inmediato.