Muerte de adolescente confirma que mafias secuestran jóvenes para trabajar en laboratorios de droga

Tras una semana de haberse producido el alud que sepultó a siete personas en el sector de Nueva Esperanza, jurisdicción del centro poblado Sachavaca, en el distrito de Monzón, el rescate de los cuerpos todavía no ha podido realizarse y permanecen sepultados bajo la inmensa cantidad de tierra que los cubrió al momento de precipitarse sobre ellos.


 


Y se presume que las tareas de rescate serán complicadas, pues los cuerpos estarían a cincuenta metros bajo tierra.


 


Los familiares del adolescente Héctor Santamaría Eduardo, de apenas 16 años, una de las víctimas del derrumbe, llegaron a la zona procedentes de Panao, en la provincia de Pachitea, para tratar de llevarse el cuerpo de su menor hijo, pero sus intentos fueron infructuosos.


 


Ocurre que al lugar no llega todavía ninguna maquinaria pesada por encontrarse en una zona agreste y de muy difícil acceso.


 


Se enteró por los medios de comunicación


Tomás Santamaría Retis, padre del menor fallecido, dijo que se enteró por los medios de comunicación lo que le había pasado a su hijo, a quien creía trabajando en la ciudad de Aguaytía.


 


Su dolor fue mayor cuando se enteró que había llegado al Monzón engañado por un sujeto que le ofreció trabajo y que su muerte se produjo mientras procesaba droga clandestinamente en un laboratorio del narcotráfico. 


 


“Pido apoyo para recuperar el cuerpo de mi hijo. En la zona me dicen que no se puede hacer nada. Tienen miedo de entrar al lugar a escarbar porque dicen que se puede caer otra vez la tierra”, sostuvo en una entrevista a INFOREGIÓN. 


 


De condición extremadamente humilde y sin saber hablar en castellano, los familiares del menor tuvieron que solicitar auxilio económico y alimentos a la ciudadanía de Tingo María, con la ayuda de los medios de comunicación. Necesitaban también dinero para retornar a Panao, donde se dedican a la agricultura.


 


Se confirma que el narcotráfico secuestra a jóvenes 


A pesar de haber sido un hecho negado por los dirigentes cocaleros y por las propias autoridades de la zona, el alud del sector Nueva Esperanza confirmó que mafias del narcotráfico que operan en el Valle del Monzón incurren en el delito de trata de personas, al secuestrar a jóvenes para explotarlos en la elaboración de droga.


 


La muerte de las siete personas, entre ellas tres menores, demuestra que ese tipo de trabajo forzado existe en el Monzón, pese a la reticencia de las autoridades. 


 


Con cierto temor, familiares y pobladores de Sachavaca señalaron que hay personas dedicadas a reclutar gente para llevarlos a “pocear”. Es decir, para que trabajen esclavizados y amenazados de muerte en las pozas de maceración de hoja de coca para la fabricación de pasta básica de cocaína.


 


Familiares de Héctor Santamaría Eduardo manifestaron que un sujeto llamado Maycol Cuenca se entrevistó con la víctima en la zona de Panao y que la convenció para llevarla a trabajar a Aguaytía con un sueldo de 180 soles mensuales. 


 


Para el adolescente Héctor Santamaría Eduardo, esa cifra le pareció una fortuna, considerando su nivel de pobreza y porque el cultivo de la papa le daba a su familia una ganancia de apenas 20 centavos de sol. 


 


Susana Alcántara dijo a INFOREGIÓN que su fallecido primo le pedía con insistencia: “Llévame al Monzón, no conozco. Tu conoces la zona”. Ella también confirmó que Maycol Cuenca llevó con engaños a su primo a las garras del narcotráfico.  


 


Entretanto, Grover Santamaría Eduardo, hermano del finado adolescente, contó que su hermano “se había ido a trabajar con unos amigos y que tenía un año fuera de casa”.  


 


La versión de los familiares fue confirmada con las declaraciones de habitantes de Nueva Esperanza, quienes también sindicaron a Maycol Cuenca como el “encargado del reclutamiento a través de viajes a zonas pobres y aprovechando de la ignorancia de los jóvenes y de sus familias”.