En mayo, la provincia de Espinar, en Cusco, protagonizó un conflicto minero que puso en vilo al gobierno de Ollanta Humala. Radio Espinar, con 30 años de antigüedad, no informó lo que ocurría en el momento más crítico de los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes contra la empresa minera Xstrata, pues miembros del Ministerio Público advirtieron a los operadores que apagaran sus transmisores. Sin embargo, en los días subsiguientes, espacios alquilados sí se pronunciaron contra los ataques del gobierno a los espinarenses. Desde entonces, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones endureció la fiscalización de trámites administrativos de la radio y ordenó su clausura en febrero. Al cierre de esta edición, la posibilidad de que el silenciamiento de la radio genere un clima adverso en Espinar, al final de la mesa de diálogo que lidera el Ministerio del Ambiente, obligó al MTC a reconsiderar su posición.
Matilde Taco (46) es profesora, hija del fundador y dueño de la radio Marcelino Taco Quispe (80). Con su hermano José han asumido las gestiones administrativas y legales en representación de su padre, pese a que cada quien tiene otras responsabilidades. Han presentado recursos de apelación y revisión al MTC, pero la emisora también está denunciada en la Cuarta Fiscalía Corporativa de Ica, la misma que ve el caso del alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca. Los hermanos Taco representan a su padre en esa acusación “por delito de apología y contra la seguridad pública, disturbio e instigación”, explica el abogado Roberto Pereyra, colaborador del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
“Las advertencias del Ministerio Público a mi padre fueron verbales, pero (antes de los hechos del 21 de mayo) ya le habían dicho ‘la radio está cubriendo la información de esta manera, ustedes tienen que evitar dar a conocer’. Mi padre apagó los transmisores una semana, y la empresa, que es a la vez su casa, fue apedreada porque decían que traicionaba al pueblo, que se había vendido a la mina. Prácticamente se enfrentó con las personas que estaban dirigiendo los programas”, refiere Taco.
“Lamentablemente comprendemos el furor con el que los comunicadores cubrían la información, tal y como sucedía. Decían hay muertos, hay heridos, hay abuso de tal y tal parte”, relata Matilde, refiriéndose a los encargados de programas que alquilan horas en radio Espinar.
“Mi hermano menor que cubría la información fue golpeado en la espalda junto con otros muchachos que retransmitían, los policías les han hecho comer tierra, eso pasó en el barrio Santa Rosa donde hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes. Una semana después, le salía líquido de los pulmones, tuvieron que llevarlo de emergencia a Cusco”, añade Matilde.
La radio estaba atrasada en el pago de una tasa de 2007 a 2010, deuda que canceló. Posteriormente, se demoró un par de semanas en inscribir ante el MTC unos equipos, trámite que se conoce como ‘homologación de equipos’. Pese a que el Ministerio reconoce –en oficios–que la radio va subsanando las observaciones que le hace, finalmente, decide el 1 de febrero el cierre de la emisora, porque quedaba pendiente una deuda de 573 soles, del 2011.
Matilde Taco considera que el MTC actuó al igual que contra la radio La Voz de Bagua, castigada por el Gobierno de Alan García debido a su línea informativa durante los hechos del 5 de junio del 2009 en la Curva del Diablo.
El abogado Pereira, a su vez, ve “un manejo discrecional y arbitrario del cumplimiento de estas obligaciones legales. Se ha probado en el caso de La Voz de Bagua que cuando el Ministerio quiere, los plazos no se interpretan de manera perentoria, considerando que las radios en provincias suelen tener dificultades económicas. Cuando no se alinean con determinada política del gobierno, aplican a rajatabla el manejo de potestades normativas”.
“Hay una desproporción en retirar del espectro una radio de 30 años de antigüedad por una deuda –ya pagada– de 573 soles”, añade.
La emisora “tiene una posición, un sector de la población se nutre de esa información y opinión, es desde todo punto de vista contrario a la libertad de expresión y se refuerza por el contexto, porque no le pueden imputar la difusión de contenidos”, comenta Pereira. Además del uso instrumental del MTC contra La Voz de Bagua, el ministerio también falló en el mismo sentido contra Radio y TV Oriente de Yurimaguas, en enero del 2010. Cinco meses después le devolvió la licencia.
La decisión del MTC se conoció en Lima el lunes 18. El miércoles, Velaverde solicitó una entrevista con el viceministro Raúl Pérez Reyes, quien firmó la resolución del cierre. La respuesta fue una nota de prensa descartando que existiera arbitrariedad en la Resolución Nº 056-2013-MTC/03.
Esta revista supo que uno de los viceministros del Ambiente se comunicó con Pérez Reyes para preguntarle sobre la decisión, dado que el informe final de la mesa de diálogo de Espinar debe ser presentado pronto allá, y corren el riesgo de producir un clima adverso debido al cierre de la emisora. La noche del jueves, el expediente de la radio reposaba en el escritorio de Pérez Reyes, quien evaluará si apoya al ministerio del Ambiente para sacarle las piedras del camino. (Jacqueline Fowks)