Esta semana llegaron a Lima representantes de las federaciones Feconacor, Fediquep, Acodecospat y Opikafpe de las cuencas del Pastaza, Marañón, Tigre y Corrientes para reuniones con el Estado para atender distintas problemáticas urgentes en sus comunidades. Una las agendas principales es la atención en salud donde el Estado tiene grandes pendientes con las cuatro cuencas. A la fecha, la actual ministra de salud Elizabeth Hinostroza Pereyra no ha accedido a reunirse con ellos, a pesar de las constantes solicitudes y de la gravedad de la situación de salud de las cuatro cuencas.
Esta negativa de diálogo de alto nivel frena el avance de gestiones que se venían sosteniendo con la anterior ministra Zulema Tomas, como es la implementación urgente del grupo de trabajo para la elaboración del Plan de Salud Especializado para Atención a Personas Expuestas y Afectadas por Metales Pesados y otras Sustancias Tóxicas, en respuesta a los resultados que arrojó el informe final del estudio toxicológico y epidemiológico realizado por Censopas en 2016.
Este informe señala que la población de las cuatro cuencas supera los valores recomendados por Minsa para plomo, arsénico, cadmio, mercurio y bario, siendo la situación más grave en los niños menores de 12 años, pues el 22% de ellos supera los estándares nacionales y bajo estándares internacionales esta cifra alcanzaría al 49.2%. Por otro lado, de acuerdo a recientes Evaluaciones de Riesgo a la Salud y al Ambiente (ERSA) de sitios impactados por actividad petrolera en territorios de estas federaciones indígenas, elaborado a pedido del Fondo Nacional del Ambiente, existe riesgo cancerígeno para varias de las comunidades de las cuencas Pastaza, Tigre y Corrientes.
El jueves 06 de febrero, los representantes de federaciones indígenas sostuvieron una reunión con funcionarios del Minsa. Los presidentes de Fediquep, Feconacor, Acodespat y Opikafpe, exigieron se asegure una fecha de reunión con la ministra pues se necesitan la decisión y seguimiento de un alto nivel político para que se cumplan los compromisos pendientes. Los funcionarios de Minsa se comprometieron a dar fechas hasta el 10 de febrero.
A esta crítica situación, se suma la preocupación de las federaciones por el recorte presupuestal del Modelo de Atención Integral de Salud Intercultural que vienen implementando la Dirección de Pueblos Indígenas y Originarios del Minsa (DPIO) desde el 2017. La norma de creación del Modelo le asigna 17.5 millones de soles al año. Y aunque en años anteriores se destinó 3.5 millones de soles para la ejecución de las actividades del modelo, este 2020 su presupuesto se ha visto reducido a 1.5 millones de soles. El monto que se estima solo alcanzaría para ejecutar actividades hasta marzo lo que implicaría la desatención de más de 60 comunidades, que, en muchos casos, no cuentan con servicios básicos de salud, siendo las brigadas del Modelo la única atención a la que pueden acceder estas comunidades que viven expuestas a sustancias tóxicas de manera crónica.
En el año de la universalización de la salud, ¿de qué universalización se puede hablar cuando el Estado peruano, a pesar de la vasta evidencia del alto grado de vulnerabilidad a la que están expuestas las poblaciones indígenas de las cuatro cuencas, aún no toma acciones concretas? El Estado más bien, continúa truncando y dilatando compromisos existentes que permitirían una real universalización de la salud y que serían un primer paso para dejar atrás un pasado de olvido, exclusión y desatención la salud de los pueblos indígenas.
Fuente:
www.observatoriopetrolero.org