La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ana Jara Velásquez, anunció que se encuentra en proceso de elaboración una propuesta de Protocolo Único de Atención Integral y Protección a Víctimas de Abuso Sexual Infantil, Explotación Sexual Infantil y Trata, que tendrá como objetivo establecer las etapas, procesos y factores en la atención de las víctimas. Dicho proyecto fue trabajado con las DEMUNAS de Madre de Dios, Cusco, Loreto y Lima.
Jara Velásquez hizo el anuncio durante la presentación del libro “Trata de Personas en la Región de Madre de Dios”, realizado en el Congreso de la República, agregando que su sector tiene como meta proteger íntegramente a todos los niños, niñas y adolescentes ante situaciones de trata de personas (sexual laboral y mendicidad) y en aquellos casos de explotación sexual, planteados en el Plan Acción por la Infancia y la Adolescencia PNAIA 2012 – 2021 aprobado por el gobierno.
La ministra Jara indicó que su portafolio hará suya la recomendación de desarrollar una adecuada articulación intersectorial entre los tres niveles de gobierno, la misma que deberá verse reflejada en los servicios, en las acciones de prevención, en la dialogo permanente y en el cumplimiento de las metas proyectadas a través de los programas nacionales orientados a erradicar la violencia de género.
La titular del MIMP dijo que además el sector desarrolla estrategias de prevención como la Estrategia Multisectorial de Control y Traslado de Niñas, niños y Adolescentes en terminales terrestres en acción conjunta con RENIEC, SUTRAN y las empresas de transporte con rutas en esas regiones.
En la actividad también estuvo presente Oscar Guadalupe, director de la Asociación Huarayo, quien señaló que desde hace varios años vienen gestionando ante este sector la instalación de casas o refugios para atender a las víctimas de la trata de personas en Madre de Dios, sin resultado alguno.
A su turno, Alberto Beingolea, presidente de la comisión de Justicia del Congreso, manifestó que existe el marco jurídico apropiado para enfrentar el problema y que la solución no es generar leyes más severas, sino que el problema está en manos de los operadores de justicia, pues a veces se sentencia a los culpables por otros delitos y no por la trata de personas.