Una llamada telefónica alertó a la procuradora Antidrogas, Sonia Medina, el miércoles 17 pasado. “Doctora, el Ministerio Público se alista a interrogar al congresista José León en su despacho del Parlamento”, se le advirtió.
Medina no lo podía creer. No había sido notificada de dicha diligencia, pese a que ella había solicitado estar presente en el interrogatorio al vocero de Perú Posible.
Cogió sus cosas y enrumbó al edificio de la avenida Abancay 251. Subió al tercer piso, a la oficina 308, y allí encontró al fiscal contra el crimen organizado Manuel Castro Sánchez, a punto de iniciar el interrogatorio a León. “Buenas tardes”, dijo e ingresó con cara de pocos amigos.
El congresista arrancó brindando sus descargos en calidad de testigo de la investigación y aseguró que alquiló su residencia de Huanchaco, en Trujillo, a la empleada de limpieza Lucía Villavicencio Ruiz a sabiendas de que ella iba a ocupar el inmueble con su “empleador mexicano” Rodrigo Torres, a quien la Policía señala como el capo de las 7.5 toneladas de cocaína.
El fiscal Castro hizo tres preguntas. La procuradora Medina, en cambio, formuló 47 interrogantes. La diligencia se extendió por casi seis horas.
Al final del interrogatorio, Medina se enteró por boca del propio fiscal que Villavicencio ya había rendido su primera declaración asegurando que firmó el contrato de alquiler por indicación del narcotraficante Torres y con el conocimiento del vocero de Perú Posible (Caretas 2352 – Testigo Clave).
La Procuradora Antidrogas tampoco fue notificada oportunamente acerca de esta primera declaración de la testigo clave y se extrañó que el fiscal Castro no confrontara a León con el testimonio de Villavicencio. “Algo no está caminando bien aquí”, se lamentó Medina.
EL CONTRATO
El caso de las 7.5 toneladas de cocaína de Huanchaco, el cargamento de droga más grande jamás descubierto en nuestro país, pasó a manos de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de Lima a inicios de este mes.
La inclusión del congresista León como testigo en la investigación se produjo recién varios días después, cuando Caretas (Caretas 2352 – El Capo Inquilino) reveló el video de vigilancia policial en el que se ve al vocero de Perú Posible visitando a su narco inquilino Rodrigo Torres, alias ‘LIC’, el 4 de julio pasado.
Desde entonces el fiscal Castro parece conducir el caso con pies de plomo. No solo no cumple con notificar oportunamente a la defensora del Estado para los casos de tráfico ilícito de drogas, sino que no ha programado ni llevado a cabo diligencias claves del caso, según fuentes policiales.
“El Ministerio Público, con Carlos Ramos Heredia a la cabeza, mostró más interés en el caso Edita Guerrero que en esta investigación donde hay un congresista aliado del gobierno en tratos con el capo mexicano de una organización de narcos”, comentó a Caretas una fuente judicial.
No hay elementos que incriminen a León en los actos delictivos de narcotráfico. La pregunta es si el testimonio de la empleada de limpieza podría variar la condición del congresista de testigo a investigado.
El parlamentario sostiene que alquiló su casa de Huanchaco a la empleada doméstica Lucía Villavicencio “sin conocer que podría acoger a un delincuente”. “Nunca dije que no lo conocía (al mexicano Rodrigo Torres). Lo que he dicho es que no conocía de sus actividades ilícitas”, afirmó.
La testigo Villavicencio ha ofrecido otra versión. “No quise firmar este contrato (de alquiler)”, declaró en su testimonial ofrecida ante la Policía y la Fiscalía, cuya copia obra en poder de Caretas.
“Yo le expresé así al señor Rodrigo Torres, pero él me dice que esto lo hacía porque en su calidad de mexicano no podía firmar contrato alguno y que estaba tratando de lograr su nacionalización peruana para poder firmar todo y que esto duraría solo dos meses, debiendo precisar que este contrato vencía el 02 de abril del 2014. Quiero agregar que este detalle también se lo consulté al congresista León, quien me refirió que no había problema”.
Para marzo del 2013, el mexicano ya había obtenido en tiempo récord en la Superintendencia de Migraciones el estatus de “trabajador residente” (Caretas 2351 – Contacto en Migraciones), que lo habilitaba a firmar contratos en nuestro país.
Esto quiere decir que a Villavicencio –una mujer que trabaja desde hace 14 años como empleada del hogar– se le pidió firmar el contrato de alquiler para ocultar la identidad del verdadero inquilino de la casa de Huanchaco y que esto se hizo con el consentimiento del vocero de Perú Posible.
Nada de esto, por cierto, hace presumir que León sabía de las actividades delictivas de su arrendatario, pero se acumulan los indicios que apuntan a que se hizo de la vista gorda frente al mexicano por alguna razón.
“Quiero agregar que había un vigilante de nombre Guillermo, quien tiene número de teléfono 948890151. Este vigilante me informó en una oportunidad que había llegado el congresista León para entrevistarse con el licenciado Rodrigo Torres”, recordó Villavicencio.
“No puedo precisar fecha, pero en una oportunidad hace tres meses el licenciado Rodrigo Torres también me comentó que se había entrevistado con el congresista León, por lo que queda claro que entre León y Rodrigo Torres había acercamiento y ellos acordaron que sea mi persona quien firme el contrato”.
DOCUMENTOS LACRADOS
La empleada del hogar añadió que, el pasado 29 de agosto, cuatro días después de que la Policía decomisara las 7.5 toneladas de cocaína que le pertenecían al mexicano Rodrigo Torres, recibió una llamada de Santiago Alexander Olea Bernales, el administrador de los bienes del congresista José León.
“Me llama en horas de la tarde, no recuerdo exactamente, para decirme que firme una carta de resolución de contrato y me decía que debería ir a la casa y entrar para evitar que la Policía deje algo en la casa dado que esta casa era del congresista León. Yo ya informada de lo que pasaba, es decir, que la Policía había intervenido a unas personas y que la casa estaba resguardada por un patrullero, es que me niego a firmar algo o dirigirme a abrir la puerta de la casa del congresista León, por lo que mejor procedí a apagar el teléfono para que no me insistiera pero después me van a dejar una carta bajo la puerta, la misma que no he firmado”, dijo la testigo.
“Indique usted por qué motivos no firmó la carta y procedió apagar el teléfono para cortar todo tipo de comunicación”, preguntó el fiscal.
“No firmé porque sentía que me estaban presionando para firmar y por eso apagué el celular también”, declaró Villavicencio.
“Sin embargo, proceden a dejarme una carta. Ellos sabían que yo no era la responsable del alquiler, es decir, hasta el mismo José León sabía de eso, pero en un momento de la comunicación Santiago Alexander Olea Bernales me dijo que se tenía que cuidar la imagen de León en su calidad de congresista”.
La Dirandro aguarda que el fiscal Castro autorice el interrogatorio al administrador de las propiedades del vocero de Perú Posible, un exconvicto por robo agravado que salió en libertad en el 2010.
La Policía también está a la espera de que se programe la ampliación de la testimonial de la testigo clave para confrontarla con la de León.
Y del mismo modo, el fiscal Castro debe autorizar a la Policía el deslacrado de la documentación encontrada en la residencia de Huanchaco.
Son diligencias importantes que requieren de celeridad y determinación si lo que se quiere es llegar a la verdad en este sonado caso de narcotráfico (Américo Zambrano).
Los comentarios están cerrados.