El Defensor Adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Iván Lanegra, insistió en su propuesta de que sea el Ministerio del Ambiente el ente estatal encargado de otorgar los permisos de impacto ambiental a los proyectos mineros de gran tamaño, en lugar del sector Energía y Minas.
“Cuando son los ministerios los encargados de aprobar, puede generarse algún nivel de desconfianza –no por la calidad o la actuación de la entidad-, sino porque observan que la misma institución encargada de promover la inversión es también la encargada de mirar los activos ambientales de esa misma inversión», explicó.
El doctor Lanegra agregó que esa situación no ocurre en otros países, donde el promotor de la inversión está por un lado, y quien evalúa los informes sobre posibles efectos en el medio ambiente es otra entidad.
Este enfoque contribuiría a reducir los conflictos sociales, pues muchos fundamentos de estos eventos son la preocupación de la población sobre los posibles daños que pueda causar la inversión sobre los recursos de la zona.