Mediante un comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que se encuentra evaluando la modalidad bajo la cual se culminará la Carretera Interoceánica, pues aún no se ha decidido si la ejecución de la obra, una vez ejecutado el presupuesto, continuará a cargo del concesionario o pasará a ejecutarse mediante obra pública.
Sólo en el caso –añade- que el Estado decida que la obra la culmine el concesionario, se procedería a firmar una adenda, lo cual dependerá de la propuesta económica que presenten.
Agregó que la cifra de 270 millones de dólares publicada en algunos medios como monto adicional para culminar la obra, sería parte de los 500 millones de dólares que representa el monto a ejecutar el Consorcio Conirsa en los tramos 2 y 3.
Dicho ministerio recordó que la Carretera interoceánica consta de 5 tramos, tres de los cuales (tramos 2, 3 y 4) fueron licitados el año 2005, mientras que los tramos 2 y 3 fueron entregados en concesión al Consorcio Conirsa, y el tramo 4, a Iintersur.
En cuanto al control de pesaje de vehículos, señaló que el contrato suscrito con la concesionaria establece que la infraestructura para el control de peso debe instalarse una vez culminadas las obras. Sin embargo, dicho sector viene coordinando para adelantar la referida instalación.
Reiteró también que la licitación de esta importante obra se realizó sin estudios definitivos, de ahí que el monto de inversión equivalente a 810 millones de dólares fue calculado sin estudios de ingeniería.
No obstante, con dichos estudios elaborados de manera posterior a la concesión, y que tienen en cuenta la realidad geológica, hidrológica, geográficas, entre otras variantes, recién se ha podido conocer que el valor real se encuentra en el orden de los $ 1,300 a $ 1,350 millones.
Como el Estado, de acuerdo al contrato de concesión, es el que deberá asumir la diferencia presupuestal que surja como resultado del cálculo inicial de la obra y su presupuesto final, el MTC resolvió continuar las obras previstas en el contrato, realizar una revisión minuciosa de la ingeniería y de los diseños y corregir los excesos administrativos para lograr el máximo de ahorro, señala el comunicado.
Agregaron que este sector acordó garantizar «la continuidad de la obra, salvaguardando los intereses del Estado, lo que implica respetar el contrato, priorizando la transitabilidad de la vía y el asfaltado hasta aquellas zonas donde se prevea un importante impacto económico».