Luego de la ejecución de los operativos Aurum II, en el que la Marina y agentes policiales destruyeron maquinarias de mineros informales, la respuesta de la Federación Minera (Fedemin) no se hizo esperar. Los mineros enviaron un solicitud al presidente del Consejo de Ministro, Juan Jiménez, en la que solicitan el cese inmediato de las acciones de interdicción en el área del corredor minero de la región Madre de Dios.
El pronunciamiento de Fedemin «rechaza enérgicamente la violencia del Estado» y precisa que «Aurum II se realiza contra los mineros que cuentan con derechos o concesiones otorgadas por el mismo Estado, que trabajan en zonas autorizadas y que se encuentra en pleno proceso de formalización».
Luis Otzuca Salazar, presidente de Fedemin, anunció que el miércoles 4 de setiembre, saldrán a protestar por las interdicciones dentro del corredor minero. Dijo además que estos mineros -cuyas maquinarias fueron dinamitadas-, si se formalizan no podrán trabajar, ya que no cuentan con equipos. El monto del valor de las maquinarias inutilizadas, superaría los ocho millones de dólares.
El operativo Aurum II se realizó en el río Inambari, en las localidades de Puerto Centromin, Villa Santiago, Puerto Carlos y Punkiri Chico, a 127 kilómetros de la ciudad de Puerto Maldonado.
El viernes 27 de agosto, la Marina de Guerra del Perú y las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, con presencia de fiscales de la ciudad de Lima, dinamitaron más de 30 maquinarias pesadas de los trabajadores mineros.
En un recorrido realizado por INFOREGIÓN por el río Inambari, comprobamos la magnitud del operativo. En seis concesiones mineras que trabajaban el cauce del río, encontramos ocho volquetes de carga, seis retro excavadoras y siete cargadores frontales que fueron dinamitados y luego incendiados, dejándolos completamente inutilizados.
Dionicio Ancocallo, un minero de la zona de Centromin, dijo que “los militares llegaron como asalto y ya no pudimos hacer nada, nos encañonaron, y luego incendiaron el campamento, y dinamitaron nuestras máquinas”.
“Estoy en un 80% del proceso de formalización, y ahora con qué maquinaria voy a trabajar”, afirmó.
Natalia Mazco, otra trabajadora minera, a quien el operativo le dinamitó un cargador frontal, dos volquetes y una retro excavadora, lamentó la acción del gobierno.
«Ahora que estamos formalizándonos, nos han quitado nuestras maquinarias», señaló.
Otro caso es el del alcalde de Huaypetue, Marco Ortega, y su esposa Lorenza Mamani. Ellos on propietarios de la concesión Operación Mano 2, que está en el proceso de formalización, según dijeron.
El burgomaestre Ortega es uno de los miembros de la comitiva que se sentó a la mesa de negociación con el primer ministro Jiménez Mayor y que, a pesar de haber «rogado» que no incendiaran sus máquinas, dos volquetes, un cargador frontal y una retro excavadora fueron dinamitadas.
En la concesión Brenda y Car, hubo resistencia. Según relata su propietaria Emperatriz Quispe Huayllani, los trabajadores fueron sorprendidos por la llegada de los helicópteros y personal de la Marina.
Ellos no quisieron bajar de sus máquinas. Uno de los mineros fue encañonado y obligado a bajarse del volquete con el que laboraba. “Tengo 30 años trabajando minería en este lugar y nunca nos han dicho que estaba prohibido”, dijo Quispe Huayllani.
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