El Comercio. “Tenemos una política de concesión de derechos mineros que se superpone a las cabeceras de cuenca en el país”, dice con preocupación Jorge Benites, ingeniero y director de Conservación y Planeamiento de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Y es que más del 60% de las fuentes de agua del país se encuentran delimitadas por los 48 mil denuncios mineros registrados.
Los recientes conflictos en Cajamarca y Apurímac revelan esa desconfianza de las comunidades ubicadas alrededor de los proyectos mineros respecto a la disponibilidad y calidad de agua. Dudan de los estudios de impacto ambiental (EIA), de la imparcialidad de las autoridades, del impacto económico real sobre las poblaciones, de la intensidad del daño a los ecosistemas.
Estos conflictos socioambientales tienen un mismo origen: la explotación minera en las cabeceras de cuenca, lugar donde se encuentran las fuentes de agua dulce que abastecen a las poblaciones de la costa y sierra del Perú. El proyecto Conga (minera Yanacocha) busca, por ejemplo, convertir una laguna de la cabecera de Cajamarca en un enorme tajo minero y otra en un lugar de acopio de desmonte.
Detrás de estas protestas se debate algo más que la viabilidad de un proyecto: el futuro de las fuentes de agua. Esta semana el presidente Ollanta Humala respaldó el proyecto Conga, pero aseguró, a su vez, que se garantizará la disponibilidad y calidad del agua. ¿Es posible esta convivencia?
Fiebre de los metales
Durante los últimos 20 años –según el Ministerio de Energía y Minas, Minem– la cantidad de áreas entregadas en el Perú para la explotación minera se incrementó en más de 20 veces. El mayor crecimiento se registró durante la gestión anterior: entre el 2005 y el 2010 se pasó de 9’840.415 hectáreas a 22’ 740.696 (130% más).
El técnico de la ANA aclara: “No está mal promover la inversión, pero se tiene que identificar las fuentes de agua estratégicas para el consumo y protegerlas, de lo contrario la disponibilidad futura estará en peligro”.
Según el Minem, desde el 2001 hasta hoy su sector ha aprobado 268 estudios de impacto ambiental ubicados sobre los 3.500 m.s.n.m.
Impacto en el ecosistema
El ingeniero Benites y otros técnicos del Ministerio del Ambiente consultados por este Diario –que prefirieron no ser identificados– aseguraron que cualquier obra, cambio de cauce en los ríos o desplazamiento de agua de una laguna (como se quiere hacer en Conga) sí afectaría la cuenca media y baja.
“Es como si alteraran el corazón: el sistema corporal se resquebraja; cualquier cambio en la cabecera afecta el ecosistema”, explica el funcionario.
Sin embargo, para Roberto Parra, asesor en temas ambientales de la minera Yanacocha, el desplazamiento del agua de una laguna no afectará la disponibilidad ni el ecosistema de la zona.
“Por el contrario, con los reservorios se incrementará la cantidad del recurso”, dice. Añade que se ha elegido colocar los desmontes en una laguna por su proximidad a la zona de operación minera. “Que esté lejos implica mayor desplazamiento de las máquinas y, por tanto, más contaminación”.
Los conflictos por el agua delatan también las divergencias dentro del Gobierno. En el ANA aseguran que cuando se trata de desviar el cauce de un río o de drenar las aguas de una laguna hacia un reservorio, se les tiene que consultar, pero la mayoría de las veces no se hace y siempre lo termina resolviendo el Minem.
“Es difícil pronunciarse de oficio sobre los impactos de proyectos ubicados en cabeceras de cuenca porque el Minem dice que es su competencia. Eso se tiene que modificar”, urge Benites.
El 85% del agua en el Perú se destina a la agricultura, el 7% al consumo de la población, el 6% es de uso industrial y el 2% a las mineras. En la cuenca central de Cajamarca, sin embargo, según un reporte del Ministerio de Agricultura del año pasado, la cantidad de agua utilizada por toda la minería (22 millones de m3) representó casi la mitad de lo que consumió la población de ese sector (47 millones de m3).
Desde hace dos años, la Dirección de Administración de Recursos Hídricos de la ANA autoriza los volúmenes y regula las tarifas por el uso del agua en el país.
Los usuarios –agricultores, ganaderos, industriales y mineros– pagan un monto basado en la disponibilidad y la cantidad de agua utilizada, pero esta tarifa –recalcan los técnicos– es ínfima y no compensa los impactos.
¿Cuánto cuesta el agua?
Según información proporcionada a este Diario, minera Yanacocha declaró el año pasado haber utilizado 507 mil metros cúbicos de aguas superficiales y 9 millones 113 mil metros cúbicos de aguas subterráneas.
Por las aguas superficiales de uso minero pagó S/.0,03 por m3 (mil litros) y, por el mismo uso de las subterráneas, S/.0,01 por m3. El mayor consumo de agua, sin embargo, se registra en el campo. Los agricultores de Cajamarca utilizaron el año pasado 216 millones de m3 y pagaron por cada m3 S/. 0,0006.
“El tema es que ni la ANA ni el Ministerio del Ambiente fiscalizan si el número que declaran mineras, industrias y agricultores es realmente el volumen que utilizan”, advierte Sergio Sánchez, ex gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Cajamarca.
Los técnicos de la ANA lo reconocen: “No se cuenta con presupuesto ni personal suficiente para fiscalizar las diferentes unidades operativas de las mineras, ni para visitar las diferentes zonas de las industrias que utilizan agua superficial y subterránea”.
El ingeniero Benites insiste en que “una tarifa óptima permitiría mantener y conservar la cuenca”.
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