LIMA. La debilidad de las autoridades para poner en práctica la normativa relacionada con temas ambientales y sociales, y así acortar la brecha de implementación, es uno de los retos a los que se enfrenta la gobernanza minera del país. Pese a la importancia de esta actividad extractiva, que representó en promedio, en la última década, el 61 % de las exportaciones y el 11 % de los impuestos recaudados, hace falta que las autoridades sigan avanzando para mejorar la transparencia y fortalecer la implementación de las normas ambientales y sociales.
De acuerdo con el Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales (IGR), que evalúa las políticas y prácticas de gobernanza del sector extractivo, el sector minero peruano posee un buen marco normativo. En una escala del 1 al 100, obtuvo una calificación de “buen” desempeño (75 puntos). Sin embargo, los principales déficits de gobernanza identificados por los especialistas del Natural Resource Governance Institute (NRGI), están relacionados con el cierre de minas, el reasentamiento de las poblaciones y la compensación a las comunidades aledañas a los proyectos mineros.
“Se debe priorizar el cumplimiento de la normativa ambiental y social y seguir avanzando en la transparencia para garantizar el desarrollo de los territorios mineros, mitigando los impactos ambientales y la conflictividad social”, señala Claudia Viale, oficial senior de NRGI para América Latina.
En comparación con la última evaluación del IGR en 2017, el Perú ha mejorado en términos de la transparencia de la información sobre datos de producción, reservas y exportaciones, así como el pago de impuestos y regalías de la minería. Sin embargo, el IGR 2021 recomienda que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) publique la información sobre el pago de impuestos, regalías y otros, empresa por empresa y no solo información global de todo el sector. Además, hace falta información acerca de los dueños o “beneficiarios reales” de las empresas mineras a fin de prevenir o identificar riesgos de corrupción o elusión de impuestos.
Además, pese a que los procedimientos de cierre de minas están explicitados por Ley, desde que se aprobó su reglamento, no se ha emitido ningún certificado oficial que acredite su cumplimiento por parte de las empresas. Y, por otro lado, no existen normas sobre el reasentamiento de poblaciones por proyectos mineros y su implementación se deja a voluntad de las empresas.
El panorama para el sector minero es positivo en el corto y mediano plazo. Esto se debe a perspectivas de aumento de la demanda y precios internacionales de los minerales. En parte esto se relaciona con la intensidad mineral de las nuevas tecnologías renovables para la transición energética global y el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. “En este contexto, el gobierno debe sentar las bases para que el país, y en particular los territorios productores, se beneficien del nuevo boom minero”, señala Claudia Viale.
Evento de lanzamiento virtual
Mañana jueves 24 de junio a las 10 a.m. se realizará el lanzamiento del estudio que contará con comentarios de Roxana Barrantes, César Flores y el exministro Miguel Incháustegui.