La minería informal amenaza el sector La Pampa, en la zona de amortiguamiento de la reserva nacional Tambopata, ubicada en el departamento de Madre de Dios, en la selva sur peruana, advirtió hoy la Dirección Regional de Energía y Minas.
Frente a ello, las autoridades de Madre de Dios elaboran una propuesta para la declaratoria de emergencia ambiental del sector La Pampa, en la zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata, informó el director regional de Energía y Minas, Ernesto Montañez Blas.
Señaló que la iniciativa es preparada por la comisión ambiental regional y se presentará ante el Ministerio del Ambiente, a la espera de que sea canalizada y se ejecute para proteger los recursos naturales que allí existen.
“La Pampa es una zona que está en peligro, cada día ingresan más mineros informales y maquinarias, están estableciendo negocios, instalando energía eléctrica no convencional, etc. Si esto sigue avanzando será más difícil sacarlos”, manifestó.
Dijo que el territorio propuesto para la declaratoria de emergencia es conocido por su riqueza aurífera y se extiende entre los kilómetros 103 y 127 de la carretera Puerto Maldonado – Mazuco, que forma parte de la vía Interoceánica.
“Calculamos que hay entre 15,000 a 20,000 mineros informales en ese lugar, muchos de ellos provienen de Puno. Conforme pasen los días aumentarán y junto con ellos las maquinarias pesadas que destruyen el bosque”, indicó.
Refirió que la emergencia ambiental debe ir de la mano con una mayor presencia policial, con la cual se prohíba el ingreso de los mineros informales y se realicen intervenciones más frecuentes.
El funcionario consideró importante, además, que Madre de Dios cuente con una norma legal que ampare la destrucción, y no sólo la incautación, de las máquinas usadas por los mineros ilegales, así como una prisión efectiva para los destructores del ambiente.
Recordó que el gobierno regional ha preparado un plan para la formalización de la minería informal, mediante el cual se pueda desplegar mejores acciones de control, fiscalización y evaluación, con un mayor número de personal.
Este plan, que demanda una inversión de 24 millones de nuevos soles, facilitaría la instalación de oficinas desconcentradas de la Dirección Regional de Energía y Minas para una mayor fiscalización, y la promoción de proyectos alternativos de sembríos dirigidos a los mineros.
“Actualmente tenemos cuatro fiscalizadores que no pueden cubrir todo Madre de Dios, y mientras tanto la minería ilegal avanza, se abre camino, amenaza, impone la ley del más fuerte”, manifestó.
Mencionó que sólo tienen dos evaluadores para 500 expedientes de estudios de impacto ambiental y que, debido a ello, en lo que va del año sólo siete de estos han sido aprobados. Refirió que necesitan por lo menos 20 evaluadores y 20 fiscalizadores.