El asistente técnico de la Administración Local del Agua – Bajo Apurímac y Pampas, Jorge Gastelo Rojas, señaló a INFOREGION que las actividades ilícitas como la minería ilegal (lavado de oro) y el narcotráfico constituyen una grave amenaza al medio ambiente del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).
Gastelo dijo a Diálogo Ciudadano, noticiero de INFOREGION en el VRAE, que el Estado, a través de los órganos competentes, debe adoptar medidas coherentes y reales para establecer mecanismos de control y erradicación de cualquier tipo de actividad minera en la zona.
“La oportuna atención evitará que el VRAE se convierta en otra Madre de Dios por la actividad minera ilegal”, aseguró.
Gastelo reconoció que la presencia de minerales pesados en los afluentes del río Apurímac se debe al narcotráfico pero que el ALA no tiene competencia para abordar es problema. Lamentó que las instituciones encargadas de ello no tengan presencia en el VRAE.
“Aquí (en el VRAE) debería estar la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) o por lo menos una oficina de enlace y de la misma forma la DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental)”, reclamó.
Autoridades incumplen funciones
El responsable de las sedes de la ALA de San Francisco, San Miguel y Tambo indicó que los gobiernos locales desconocen las obligaciones y funciones que tienen respecto al vertimiento de aguas servidas a las fuentes hídricas.
“Las municipalidades tienen la obligación de solicitar a la ALA autorización para poder verter las aguas servidas a las pozas de oxidación, las que en algunos casos no tienen un tratamiento adecuado, ello constituye un delito”, explicó el funcionario.
Gastelo denunció que las empresas que realizan la extracción de agregados en las fuentes hídricas, no cuentan con autorización municipal. Asimismo dijo que las comunas ediles están obligadas a pedir el permiso a la Administración Local del Agua pues “somos nosotros quienes damos la opinión técnica si se extraen (agregados) o no”, recordó.
Carencia de personal
El profesional reconoció que actualmente no cuentan con personal ni logística suficiente para poder cubrir la demanda de la población pese a que en la zona existe minería ilegal y mal uso de los recursos hídricos. “Debe haber una mayor preocupación de las autoridades en la zona para gestionar la presencia de instituciones del Estado comprometidas en temas ambientales”, finalizó.