¿Quiénes ganan con el entrampamiento? Según cifras oficiales de la Región Madre de Dios, solo 280 informales iniciaron los trámites, pero nadie concluyó el proceso, cuyas normas contienen vacíos y contradicciones. Por otro lado, se calcula que la minería ilegal mueve alrededor de US$ 2,600 millones.
En esta tierra devastada por la fiebre del oro, la ley es lo último que se conoce. Transcurridos 19 meses desde que el gobierno convocó a los pequeños mineros artesanales de todo el país para que se formalicen, ni uno solo lo ha conseguido en Madre de Dios, la tercera región con mayor producción de oro en el territorio nacional.
Desde que en febrero de 2012 cuando se inició el proceso, nada más que 280 mineros auríferos iniciaron el trámite de formalización ante la Dirección Regional de Energía, Minas y Carburos (DREM). Pero ninguno lo ha concluido. Es decir, nada ha cambiado. Todo sigue igual. El reino del caos se mantiene.
En el corredor minero de Madre de Dios, ubicado en la margen derecha de la carretera Interoceánica, se han establecido 30 mil mineros informales que trabajan en las 2,049 concesiones entregadas por el Estado. El 93 % de esos hombres y mujeres trabajan como “invitados” de los mineros titulares.
De acuerdo con el jefe de la DREM, Milder Oyola, la poca presencia de mineros interesados en formalizarse se debe en parte a que la normatividad es complicada.
“Hay muchas cosas que no están claras que entrampan el proceso de formalización. El problema más grande es la tenencia de tierras”, explica Oyola.
El proceso de formalización reglamentado por el Estado consta de cinco pasos.
El primero es la presentación de la declaración de compromiso con la que el minero expresa su voluntad de formalizarse.
El segundo paso es la acreditación de titularidad sobre el terreno que explota. En este caso, en Madre de Dios únicamente 2,049 mineros cuentan con títulos de concesión, y el resto –unos 28 mil– trabajan como «invitados» de los titulares. Pero es el tercer paso lo que impide avanzar en el camino a la legalización.
Se trata de la autorización del uso del terreno superficial donde el minero va a desarrollar su actividad. En el caso del corredor minero de Madre de Dios, hay predios agrícolas y concesiones forestales sobre las concesiones mineras. Es decir, hay una superposición de derechos sobre un mismo terreno.
De las 2,049 concesiones en el corredor minero de Madre de Dios, en un total de 1,100 (53%, más de la mitad) se presenta el problema de la entrega de un mismo territorio para diferentes usos.
“Es por el problema de la tenencia de tierras que los mineros no vienen a seguir acogiéndose a la formalidad. No saben cómo avanzar y es algo que la ley no había previsto. Es el gobierno central el que debe dar la solución”, dijo el titular de la DREM, Milder Oyola.
Eso es lo que precisamente le sucedió al pequeño minero Juan Layme Condori. Se presentó en el proceso de formalización en febrero de 2013. No obstante que era el titular de la concesión minera y agrícola en su propiedad, no le dieron permiso para el uso del terreno superficial porque este tenía, además, una concesión forestal que no le pertenecía. El 3 de setiembre de este año –hace unos días– la DREM rechazó la solicitud de Layme.
TIERRA QUEMADA
El cuarto paso para la formalización es la presentación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo, documento en el que el minero plantea estrategias para mitigar el impacto de su actividad.
El quinto y último paso es la autorización del uso de agua.
En un primer momento los mineros presentaban los documentos del cuarto paso, a pesar de que la norma exige el cumplimiento de los anteriores. La DREM tuvo que devolver los expedientes.
“Por este entrampamiento los mineros informales han resuelto no seguir con el trámite. No saben cómo avanzar porque hay un vacío en la ley sobre el problema de la tenencia de tierras”, señaló el titular de la DREM, Milder Oyola.
La destrucción de 100 maquinarias, entre tracas, embarcaciones, cargadores frontales, retroexcavadoras y volquetes de los mineros informales, entre el 27 y 30 de agosto, ha sido tomada como una traición.
“El objetivo no es formalizar a los mineros sino eliminar la actividad minera en esta parte del país, esa es la verdad”, afirmó el presidente de la Federación de Mineros Informales de Madre de Dios (Fedemin), Luis Otxuca Salazar.
Sin embargo, para el Ministerio Público y para la Capitanía de Puerto de Madre de Dios, el operativo de desmantelamiento de las maquinarias se cumplió porque los informales cometían delitos en el corredor minero.
“Están consideradas como actividades mineras ilegales las que se registran en los cauces de los ríos. Estamos facultados para intervenir en este tipo de casos y eso es lo que hicimos”, dijo una fuente del Ministerio Público en Madre de Dios.
El titular de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas en la región, capitán de Corbeta Jesús Menacho Piérola, explicó el papel que desempeñó en la reciente operación contra la minería ilegal.
“Aquí se tergiversa la verdad. Si bien se ha ampliado el plazo para la formalización de los mineros informales y el cese de las interdicciones en tierra, no se puede hacer minería en el río porque está prohibido por ley”, dijo Menacho.
“El Decreto Legislativo N° 1100 prohíbe la minería en el curso de agua y el N° 1102 incluye el delito de minería ilegal en el Código Penal, que lo sanciona con prisión efectiva de 8 a 10 años. Los mineros informales se vuelven ilegales cundo trabajan en río”, apuntó el capitán de Corbeta.
SOBRE LA LEY
La decisión del Ejecutivo de ampliar el plazo para la formalización, del 5 de octubre de 2013 al 19 de abril del 2014, no tiene eco en esta zona.
“No se trata de ampliar el plazo sino de revisar y modificar las normas, especialmente el Decreto Legislativo N° 1100, que prohíbe la explotación del oro en cauces de río y penaliza el uso de maquinarias”, indicó el dirigente Luis Otxuca.
“Queremos que se revise el decreto 1100 porque no es viable la formalización como está planteada. Tampoco queremos que mientras conversamos en la mesa de diálogo con el gobierno, se ejecuten operativos de destrucción de maquinarias. Nosotros no fuimos los que pateamos el tablero”, arguyó el asesor legal de la Fedemin, Eduardo Salhuana Cavides, exministro de Justicia durante el gobierno de Alejandro Toledo.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental estima que cada año se extraen 16 toneladas de oro en Madre de Dios, valorizadas en aproximadamente 1,700 millones de soles. El movimiento de semejante cantidad de dinero es lo que explica la presencia de 30 mil mineros informales. Por primera vez, el Estado trata de ordenar la actividad que progresivamente destroza el medio ambiente. La resistencia, sin embargo, es tenaz.
“Los mineros informales tienen dos prohibiciones que anulan todo intento por formalizarse: la explotación en los cursos del agua y el uso de las maquinarias. Si la mayor parte del oro en Madre de Dios está en los ríos, ¿de qué estamos hablando? Por otra parte, no podemos usar las maquinarias, pero no nos dicen qué tipo de herramientas usar. Preguntamos y nadie sabe dar respuesta”, graficó Eduardo Salhuana.
El dirigente de los mineros informales de Huepetue, Tomás Díaz Alcántara, manifestó que los miembros de su gremio están a favor de la formalización, pero reclamó modificar las leyes para que sean comprensibles y aplicables.
“La ley nos permite remover 3 mil metros cúbicos de tierra, pero nos prohíbe el uso de maquinaria. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Con pico y pala? Imposible”, dijo.
Policías cobran coimas por el paso de combustible en zonas mineras
Para el ingreso de combustible en las zonas de explotación de oro, algunos efectivos de la policía cobran por cada cilindro 50 soles. Si una cisterna lleva mil galones, el efectivo gana 1,000 soles.
Para dejar pasar motores de succión, los policías cobran 20 gramos de oro, o su equivalente: 2 mil soles.
Hay otros precios: por una bomba cobran 50 soles, por el ingreso de manguera piden hasta 100 soles. Y por los tubos, entre 20 y 50 soles.
El cobro de coimas se define en función del costo de lo que los mineros informales pretenden hacer ingresar.
La República recogió la versión de los propios mineros informales sobre estos sobornos, quienes sostienen que es algo “completamente normal”.
Las autoridades conocen de este tipo de prácticas, pero poco o nada hacen para erradicar la corrupción policial.
Hasta hace un mes y medio, funcionaba un puesto policial en el kilómetro 105 de la carretera Interoceánica. Pero debió ser clausurado debido a las sucesivas denuncias de corrupción contra los efectivos policiales que cobraban coimas a todo el que se le cruzara. (María Elena Hidalgo/Cortesía La República)
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