Desde el año 2000 la minería ilegal experimenta una acelerada expansión en la Amazonía peruana, producto del precio del oro, que en agosto de 2020 superó los USD 2000 por onza, en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Solo en Madre de Dios, esto ya ha causado la deforestación de más de 100 000 hectáreas de bosques durante las últimas tres décadas, además de otros serios impactos en el ambiente y la salud pública como la contaminación de los ríos – y de los peces consumidos por las personas – con mercurio.
Actualmente, el avance de la minería ilegal en la Amazonía amenaza, incluso, a las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Pedro Solano, reconocido especialista en temas ambientales señala que “se gasta demasiado dinero en hacer las intervenciones, volar la maquinaria y sacar a los mineros ilegales de la Reserva de Tambopata. Pero las consecuencias consisten en que todos esos mineros se van (por ejemplo) a Loreto y ahora están haciendo lo mismo en el Área de Conservación regional Alto Nanay y en gran parte de la Amazonía”.
Asimismo, sostiene que para frenar la minería ilegal se requiere mucha inteligencia operativa por parte de la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía, a fin de diseñar una estrategia integral y diferenciada para reducir los casos de este delito ambiental, porque “si simplemente los sacaste y no metiste a nadie a la cárcel, lo que estás diciendo al minero (ilegal) es ‘no lo hagas aquí’, pero no se ha sancionado el delito. Eso merece una revisión”, dijo.
Por su parte, César Ipenza, experto en Derecho Ambiental, resaltó que este es el segundo delito ambiental con mayor incidencia en el país, luego de la tala ilegal, y que, además de las áreas protegidas, afecta a tierras de comunidades indígenas, y ecosistemas fundamentales para el desarrollo de diversas actividades económicas.
«En plena pandemia la ilegalidad no se ha detenido en la Amazonía, el último 2020 se han registrado más de 2000 intervenciones contra delitos ambientales, el 60% de ellos por minería ilegal. Recordemos además que está vinculada con otros fenómenos delictivos como la trata de personas, el sicariato, lavado de activos y el narcotráfico, lo que evidencia la magnitud del daño al bien común de este crimen», manifestó Ipenza.
En ese sentido es necesario fortalecer los avances de instrumentos como la Estrategia en Minería Ilegal en Áreas Naturales Protegidas que ha permitido erradicar o reducir la minería ilegal en parte de las ANP afectadas. Así, de acuerdo con el Proyecto Prevenir de USAID, se debe actualizar esta estrategia con un enfoque preventivo, en el que se desarrollen capacidades de predicción, alerta temprana y respuesta oportuna.
De otro lado, es necesario dotar a los operadores jurídicos de los instrumentos y recursos necesarios para el desarrollo de su labor fiscalizadora y sancionadora del delito de minería ilegal, lo que implica inversiones en infraestructura y construcción de capacidades.
#CONSECUENCIAS
“Con la finalidad de generar conciencia para combatir la minería ilegal, así como el tráfico de fauna silvestre y la tala ilegal, se impulsa #Consecuencias, una iniciativa que busca cambiar esta problemática y que conozcamos los impactos que generan estos delitos ambientales en nuestras vidas. Esto no afecta solo a las personas que viven en Loreto, Ucayali, Madre de Dios o en Lima, sino también a todos los que viven en otras regiones. Lo importante es que tenemos que saber cómo prevenirlos y hacerles frente”, comentó Pedro Solano, uno de los promotores de la campaña, quien, en ese sentido, invitó a todos a sumarse a través de las redes sociales www.facebook.com/consecuencias.pe y www.instagram.com/consecuencias.pe.
Cabe precisar que esta campaña es impulsada por el Proyecto Prevenir de USAID, junto con diversos aliados como el Ministerio del Ambiente (Minam), Sernanp, Osinfor, Serfor, así como organizaciones como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Conservation x Labs, Profonanpe, además de una creciente lista de empresas privadas como Lima Airport Partners y Aeropuertos Andinos del Perú, entre otros.