El Comercio. Un grupo de legisladores liderados por el congresista y minero aurífero Amado Romero pretende derogar los decretos de urgencia dictados para controlar los nefastos efectos de la minería ilegal. Romero está en un claro conflicto de intereses y compete a la Comisión de Ética actuar. Preocupa que los congresistas sean de Gana Perú y que el Ejecutivo no reaccione. Estos silencios matan y dejan espacio a iniciativas que reforzarían la impunidad y daría a las mafias que controlan la actividad carta blanca para continuar, con la anuencia del Estado.
Quienes se resisten al control argumentan que la minería ilegal nace de la pobreza, pero olvidan que sus consecuencias generan un problema social mayor. Dicen que Madre de Dios es el departamento con menor índice de pobreza gracias a la minería, obviando que es una bonanza temporal que no asegura desarrollo.
Los planes para formalizar la minería ilegal han fracasado: hoy son más los que ingresan a la ilegalidad que los que se formalizan, porque los problemas de fondo no se han enfrentado con propuestas realistas e inmediatas (políticamente controversiales, pero necesarias para definir una hoja de ruta para terminar con el problema). Podemos plantear tres elementos en el debate.
Minería ilegal y descentralización: En el 2002 a los gobiernos regionales se les asignó fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la artesanal. Después se indicó que les correspondía lidiar con la minería ilegal. Esto sin contar con la capacidad técnica, financiera o de recursos humanos, y careciendo muchas veces de voluntad para hacerlo (hay casos en que las autoridades regionales fueron parte de lo que debían combatir).
No cabe construir esas capacidades ahora pues hasta lograrlo, los daños a los ecosistemas y a la salud serán irreversibles. Se requiere un liderazgo único, coordinado con las diferentes autoridades competentes y con los gobiernos regionales, pero centralizado en alguien capaz y con voluntad.
Regulación por excepción: Cada vez que se ha regulado por excepción para favorecer actividades económicas de grupos minoritarios ha resultado negativo. Ocurrió con la ley forestal de 1975 y ahora con la minería artesanal. No hay que ser experto para confirmar que en Madre de Dios esta minería ‘artesanal’ no es de sustento, sino de lucro basado en la ganancia obtenida fuera de la ley. No utiliza métodos manuales ni equipos básicos, sino maquinaria que requiere de importante inversión. La capacidad de producción es mayor al límite establecido y, lo peor, la acreditación al minero artesanal la otorga la autoridad, a partir de una solicitud electrónica sin verificación posterior.
La minería artesanal debe dejar de ser regulada como tal porque se convierte, casi irremediablemente, en ilegal. Urge una regulación –actualmente inexistente– con requisitos claros para la minería aurífera aluvial y otra para la artesanal, en operaciones subterráneas que podríamos denominar minería de recuperación.
La minería aluvial: La minería subterránea y a ‘cielo abierto’ son formas reconocidas de operaciones formales. La aluvial tiene características muy distintas. Se presenta en ‘placeres’ (llanuras o terrazas), donde el oro se encuentra cerca a la superficie. Su desarrollo en ecosistemas como el amazónico implica el desbosque y la pérdida de la capacidad orgánica de la tierra para exponer la grava de donde se obtiene el mineral, se usa mercurio para la amalgamación y se produce desertificación.
Se requiere un tratamiento especial para esta actividad, pero a la vez debe impedirse en ecosistemas frágiles vía zonas de exclusión, como la declarada por uno de los decretos de urgencia que pretende derogarse.