El adjunto de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, indicó que las mineras utilizan ahora procedimientos permanentes de contacto con las comunidades para evitar conflictos. Resaltó, en ese aspecto, el caso de Tintaya y mencionó que las empresas Antamina y Yanacocha han adoptado los principios voluntarios de seguridad y de derechos humanos que permiten identificar los factores de riesgo a la seguridad y vulneración de los derechos de las personas. También señaló que el Ministerio del Ambiente está realizando el reglamento del Tribunal de Solución de Controversias para el sector.
Vea también la segunda parte de la entrevista.