El 23 de mayo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) envió al Ministerio del Ambiente (Minam) una propuesta de proyecto de ley, elaborada por la empresa estatal Perupetro, que busca modificar nueve artículos de la Ley N° 26834 de Áreas Naturales Protegidas (ANP) para impulsar actividades de aprovechamiento o extracción de recursos, tales como el gas natural y petróleo, en 36 puntos del territorio nacional donde se superponen áreas naturales protegidas, territorios indígenas, lotes de hidrocarburos y áreas promocionales.
Dentro de este grupo, 15 zonas corresponden a ANP que colindan con lotes de hidrocarburos y 21 con áreas promocionales. Entre estas destacan los Parques Nacionales Bahuaja Sonene, el Manu, Cordillera Azul, Sierra del Divisor, Purús; y el Santuario Nacional Megantoni.
El argumento del Minem
Según el Minem, el beneficio principal del proyecto normativo “permitirá poner en valor ciertas áreas y yacimientos que, a la fecha, corren el riesgo de no ser explotados, debido a su superposición con Áreas Naturales Protegidas”, teniendo en cuenta el aprovechamiento sostenible de los recursos, la conservación de estas áreas y el desarrollo del país.
No obstante, asociaciones civiles relacionadas con el cuidado y protección del medio ambiente se han pronunciado al respecto, alertando que la aprobación del PL significa la disminución de los estándares de protección de las áreas naturales, además de la vulneración directa al derecho humano al medio ambiente sano y equilibrado.
Entre estas se encuentran la organización civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la cual considera que la iniciativa prioriza la actividad extractiva sobre la diversidad biológica y la vida, advirtiendo que su aprobación colocaría en especial riesgo a los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci), quienes se encuentran en algunas de estas áreas, como la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti (RTNN) y el Parque Nacional Manu.
Cabe indicar que estos dos grupos de poblaciones indígenas actualmente están en la mira de gobiernos regionales y grupos parlamentarios que han manifestado su posición a favor de proyectos de ley que atentan contra los derechos fundamentales de los Piaci.
Reservas indígenas en juego
Inforegión consultó al Minem sobre este punto en particular. La cartera de Energía y Minas respondió que «la propuesta normativa no establece la autorización a explotar recursos naturales sobre la reserva indígena y parque nacional mencionado por DAR».
Asimismo, recalcaron que «no se pretenden realizar y/o autorizar actividades de hidrocarburos sobre las zonas de reservas indígenas, que han sido constituidas para la protección de los Piaci», enfatizando que, si bien la Ley Piaci protege a estos pueblos indígena, la normativa en cuestión sí autoriza el aprovechamiento de recursos naturales que se ubican dentro de una reserva indígena, siempre y cuando esta actividad resulte de necesidad pública para el Estado.
Por su lado, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), considera que esta iniciativa es inconstitucional y representa un retroceso para la institucionalidad ambiental del país. Pues, esta tergiversa la naturaleza jurídica de las ANP, cuya principal misión es salvaguardar la diversidad genética de las especies, asegurar la preservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.
En esa línea, la SPDA comunicó que será indispensable llevar a cabo un proceso de consulta previa en favor de los pueblos indígenas que habitan en los territorios que se encuentran superpuestos con estas zonas de explotación, ya que el PL puede afectar sus derechos.
Sin embargo, el Minem señaló a este medio que «la iniciativa legislativa aún no puede generar preocupación, debido a que hoy en día la norma vigente ya permite realizar actividades económicas sobre algunas ANP». En esa línea, mencionó que le corresponderá al Minam, en caso el PL se apruebe, asegurar el uso sostenible de los recursos naturales y promover la conservación del ambiente.