La investigadora de la sección Perú de la organización internacional Monitoreo de Minas Terrestres, Gisela Luján, consideró que los mecanismos explosivos improvisados, como las trampas explosivas en el Huallaga y en el VRAE, son de uso ilegal y están afectando a mucha gente inocente.
«Estas son armas criminales, colocadas por grupos criminales, que están afectado a civiles, a personas que no están preparados para poder enfrentarlas», dijo la delegada, aclarando que la lógica de la mina antipersonas es su efecto indiscriminado, que puede ser militar o civil. Un blanco inocente, un niño, una mujer, un campesino.
Recomendó por ello una mayor presencia del Estado en dichas zonas, para evitar que personal civil sin preparación adecuada, transite por estas zonas peligrosas.
También evaluó el caso de las víctimas de estos artificios, que resultan desamparadas, para quienes pidió un sistema de atención y políticas generales de que les brinden apoyo hasta su recuperación, insertarlas en los mecanismos de salud, así como establecer una estrategia de capacitación para prevenir los accidentes.