Tras la publicación del reglamento de la Ley contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes, Ley 28950, la veeduría Mirada Ciudadana que lleva adelante Capital Humano y Social Alternativo, CHS, analizó las responsabilidades que tiene el MIMDES en la implementación de esta norma e identificó tres temas centrales a trabajar: capacitación, coordinación e implementación.
Con relación a la capacitación, esta debe hacerse tanto a nivel de sus propios prestadores u operadores de servicios sectoriales como en el ámbito de los grupos vulnerables que atiende.
En el caso de la coordinación, esta debe estar orientada a la prevención y asistencia tanto a nivel de las instancias descentralizadas del Sector, como con los gobiernos regionales y locales.
Mientras tanto, la implementación se refiere al registro de asistencia de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de trata de personas, señala Mirada Ciudadana en su boletín de noticias.
¿Está preparado el MIMDES para estos retos?
Ante ello, la veeduría se pregunta si está preparado el MIMDES para afrontar el reto de capacitar a su personal, así como a las poblaciones vulnerables, que señala el Reglamento.
Asimismo se cuestiona sobre cuánto personal del MIMDES tiene vinculación funcional con poblaciones en riesgo y cuánto de este debe ser capacitado.
Al respecto, señala que el último cuadro de asignación de personal del MIMDES señaló que este Sector cuenta a nivel nacional con 2,045 trabajadores CAP, cifra que se incrementa si se considera el personal bajo el sistema de servicios no personales.
Del mismo modo, indica que en cuanto a población en riesgo o grupos vulnerables, solamente en el delito de trata con fines de explotación sexual y laboral, existe una especial demanda de adolescentes mujeres y varones.
«El reto se incrementa si consideramos que de acuerdo al censo de población del 2007, se estima que 8´360,000 (30.5% de la población) son menores de 14 años», apunta.
Esto plantea una serie de grandes tareas para un Sector rector en las materias de niñez, adolescencia, mujer y población en riesgo, que hasta ahora mantiene una posición desde la que restringe su accionar, planteando que se encargará solamente de Coordinar con instituciones públicas y/o privadas el alojamiento transitorio para las víctimas del delito de trata de personas.
En ese marco, Mirada Ciudadana se pregunta si el propio Estado se encuentra en la capacidad de brindar alojamiento, atención y protección a las víctimas, o si lo podrá hacer el sector privado, en condiciones que garanticen la seguridad de éstas.
«En un contexto de criminalidad organizada que sabemos puede perseguir a sus víctimas hasta encontrarlas, esto parece inviable», puntualiza.