Siete El incremento del precio internacional del oro ha desatado aún más insania de las grandes mafias de minería ilegal que ganan casi US$700 millones anuales sin pagar impuestos, destruyendo la valiosa biodiversidad del Perú.
Como son un peligro para la seguridad y la economía del Estado, el gobierno aprobará normas que permitirían destruir su infraestructura, e incluso crear una Procuraduría Ambiental y juzgados especializados para acelerar las sanciones, según información obtenida por SIETE.
Más de 50 mil personas forman hoy un ejército de hombres y mujeres que depende de las mafias de la minería ilegal que operan impunemente depredando bosques, contaminando ríos con cianuro y mercurio, sin importarles matar a miles de especies con tal de extraer su sagrado polvo de oro, que les genera aproximadamente US$2 millones de ingresos diarios.
Esas mafias no solo son operadas por peruanos sino también por grupos de extranjeros ilegales que se han asociado para delinquir, dispuestos a matar la biodiversidad peruana con tal de ganar un buen puñado de dólares. Entre ellos figurarían chinos, rusos y coreanos, según informaron a SIETE fuentes allegadas al gobierno.
Si bien son 50 mil personas las que en promedio trabajarían directamente para la minería ilegal, el Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021 menciona que 300 mil personas dependen directa e indirectamente de esta actividad. Este cálculo se basa en un Estudio de Investigación de la Minería Ilegal en el Perú del Instituto de Ingenieros de Minas, realizado en el 2007, por lo que no se descarta que la cifra haya crecido dramáticamente. De ese total, el 85% participa en la extracción ilegal de oro, específicamente, generando un promedio de 30 toneladas por año.
Para tratar de frenar su accionar, el Ejecutivo elabora decretos legislativos que deberá tener listos a más tardar el 20 de abril, fecha en que vencerá el plazo que le dio el Congreso para legislar sobre la materia.
SIETE indagó al respecto y pudo comprobar que representantes de diversos ministerios y de los gobiernos regionales ya se están reuniendo para avanzar tales medidas, las cuales servirán para recuperar el control sobre territorios que durante años han sido enclaves de mineros ilegales, donde la deforestación, la explotación de menores y la trata de personas son una práctica diaria.
Se busca que los decretos legislativos permitan sancionar el delito y, a la vez, menguar el impacto económico, social y ambiental provocado por este flagelo.
Millonarios ingresos
El impacto en materia económica es considerable, tomando en cuenta que el precio del oro sigue en ascenso, lo que hace aún más atractiva a la minería informal. La onza troy del dorado metal se cotiza en el mercado internacional entre U$1650 y US$1670. “Si solo se considera que el 50% de la producción de la minería artesanal es informal y no es reportada ante la autoridad tributaria, la evasión estaría sobrepasando los US$ 593 millones anuales”, advierte el Ministerio del Ambiente a través del Plan de Formalización de Minería Informal.
Sin embargo, este monto fue calculado cuando el precio de la onza troy estaba en US$1225 durante el año 2010. Si actualizamos la cifra, considerando que el precio se ha incrementado en al menos 26%, podríamos deducir que los ingresos de la minería ilegal llegarían ahora a unos US$747 millones, es decir, US$154 millones más que el año 2010, con lo cual la evasión tributaria seguiría creciendo.
A esto se suma el impacto negativo que la minería ilegal genera en zonas donde su presencia impide el desarrollo económico de actividades formales como la forestal, el ecoturismo, la agricultura, pesca, entre otras.
Peligrosos métodos
Según datos del Ministerio del Ambiente, la minería ilegal genera deforestación, degradación del suelo, deterioro de la calidad del agua en ríos y quebradas, desaparición de flora y fauna acuática, emisión de ruidos, contaminación por hidrocarburos y desechos sólidos, entre otros.
Los métodos de extracción de oro utilizados por la minería informal ocasionan severos impactos en el ecosistema. Uno de los más peligrosos es el uso de cargadores frontales o “shutes”, que son usados para el 70% de la producción de oro ilegal porque permite movilizar mayor cantidad de material. Sin embargo, es el que más impacto ambiental negativo genera.
Este método es un claro ejemplo de que la minería ilegal dista mucho de ser “artesanal”, pues si lo fuera sus costos operativos serían muy bajos y se usarían métodos tradicionales de menor impacto ambiental. En cambio, las mafias se pueden dar el lujo de gastar US$85 mil en la compra de cada cargador frontal.
La “chupadera” es el segundo método más nocivo con el cual se destruyen las laderas de los ríos y los pies de bosques. Utilizan unas bombas de agua que con la presión forman aberturas o fosas de gran profundidad, que luego son dejadas en total abandono.
Otro método muy empleado son las “dragas”, que se instalan en los lechos del río con mangueras de succión de hasta12 pulgadasde diámetro para extraer el material del fondo del cauce del río, cuya operación requiere de una bomba de sólidos. También es muy usada la “balsa gringo”, que consiste en instalar un dragado por succión en una lancha a motor, desde donde se succiona el material de los ríos.
A la mayor mecanización en las operaciones mineras, se agrega la utilización de explosivos, el uso de grandes cantidades de mercurio y de cianuro que impactan gravemente en cuencas diversas y se ha detectado que entre las más afectadas figuran las de los ríos Madre de Dios y Ramis (Puno).
Datos oficiales advierten que unas 42 toneladas de mercurio son derramadas anualmente en las cuencas de la Amazonía, lo que pone en riesgo a la biodiversidad y la vida de personas que resultan intoxicadas por la ingesta de peces envenenados. Está probado que el mercurio puede generar retrasos en el desarrollo neurológico de los niños.
Nuevas medidas de interdicción
Para detener a la minería ilegal, el Estado partirá del hecho de reconocer que este problema amenaza la seguridad y el desarrollo sostenible del Perú. Ernesto Raez, asesor del Ministerio del Ambiente y representante ante la mesa técnica que elabora los decretos legislativos contra la minería ilegal, reveló a SIETE que se alista una norma para regular las condiciones de interdicción de este problema específicamente en la Amazonía, por considerarlo prioritario.
Como parte de ello, se plantea que quede terminantemente prohibido el uso de los tres métodos de extracción de oro más dañinos (cargadores frontales, chupaderas y dragas), así como desterrar a los mineros ilegales de las cochas, los aguajales, espejos de agua, pantanos de palmeras, ya que esos ecosistemas quedan irremediablemente destruidos tras las operaciones mineras.
Como parte de las sanciones nuevas se considera la destrucción de estructuras, instalaciones, infraestructura logística, maquinaria y equipos utilizados. Raez reconoce que en ese aspecto el Estado tiene un desafío importante, ya que deberá establecer los mecanismos adecuados para que esas intervenciones del Ministerio del Interior generen el menor impacto posible en el ambiente.
“Haremos esfuerzos para actuar con protocolos, pues no se trata de lanzar la cosa pública sobre todo paisaje forestal, sino de actuar quirúrgicamente sobre los peores trasgresores”, señala.
Procuradoría ambiental y régimen especial
Otra importante medida que el gobierno estudia es la creación de la Procuraduría Ambiental y de juzgados ambientales especializados, con el fin de fortalecer la capacidad de defensa del Estado respecto a casos judiciales que tienen que ver con minería ilegal y delito asociados, así como también para darle herramientas al Poder Judicial para sancionar oportunamente a los financistas.
Dentro del análisis, se revisará la tipificación de la minería ilegal en el Código Penal, así como medidas para combatir el lavado de activos y lograr la trazabilidad necesaria de fuentes legales del oro. También se ha considerado un decreto legislativo específico para atacar la minería informal en las cuencas de los ríos Suches y Ramis, de Puno.
“El Estado actuará contra ovejas negras que se disfrazan o esconden tras una masa popular empobrecida y que realmente son capitalistas que no asumen ninguna responsabilidad”, explica Raez, al subrayar que se busca lograr normas fáciles de implementar.
Siga leyendo aquí.