Como autores del delito contra la humanidad en la modalidad de tortura se abrió proceso penal contra los técnicos del Servicio de Inteligencia del Ejército Marcos Daniel Serrano Castillo, Nelson Eduardo Córdova Arrese y Máximo Payano Ricaldi. Se dispuso para cada uno comparecencia y el pago por concepto de caución de S/. 500.
Recuento de los hechos
Tal como lo denunció el diario Jornada, la mañana del 4 de noviembre del 2008, los hermanos Emil y Ricardo Zavaleta Infantes, arribaron de Lima para dirigirse al distrito de San Francisco en el VRAE para comercializar pescado seco. De forma intempestiva fueron intervenidos en el paradero Huanta por agentes del Ejército, quienes los llevaron al cuartel Los Cabitos en donde los torturaron.
“Tú eres el camarada José y tú Iván, ya perdieron, nos dijeron los sujetos que nos intervinieron mientras nos golpeaban. Luego nos subieron a una camioneta y nos trasladaron cubiertos. En el cuartel fuimos torturados y amenazados de muerte por más de seis horas.”, declaró Emil Zavaleta.
Luego de varios meses de investigaciones, Percy Vargas Ayala, juez del Juzgado Penal Supraprovincial Especializado en Derechos Humanos y Terrorismo de Ayacucho, dispuso el embargo preventivo de las propiedades de los procesados, quienes son miembros de la Segunda Brigada de Infantería. También se les impidió salir del país.
Finalmente, la denuncia fiscal recogió los hechos denunciados y estipuló que los inculpados no solo intervinieron en la detención arbitraria de los hermanos, sino que los golpearon repetidamente. Además, les infringieron maltrato psicológico.
Habría más implicados
Por su parte, la defensa de los hermanos Zavaleta Infantes pide que se amplíe la denuncia contra otros integrantes del ejército. Indicaron que los denunciados tuvieron como grupo de mando a los generales del Ejército Peruano Raymundo Flores Cárdenas y Walter Chávez Cruz y como grupo operativo a Doménico Magüiña, Ángel Valverde Huancachoque, así como a Fausto Flores, Cecilio Rayme, y Felimon Inca.
Además, habrían participado en la detención arbitraria de los comerciantes los miembros del Ejercito Peruano Gustavo Sastre Flores, Omar Rivera Verde, Jairo Castillo Castillo y Pedro Santiesteban Llantop.
Paola Capcha, abogada de los agraviados, expresó que se trata de un caso de violación de derechos humanos cometido por miembros del Ejército contra ciudadanos inocentes. “Ellos actuaron de forma indebida contra dos humildes comerciantes chimbotanos, a quienes luego de detenerlos por confundirlos con mandos senderistas les propinaron una intensa golpiza. Les acusaron sin pruebas de ser integrantes de Sendero Luminoso”.
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