Como era de esperarse, el aluvión de decretos legislativos promulgados por el gobierno sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no ha aportado nada bueno para esas instituciones ni para la seguridad del país.
Algunos analistas han advertido claramente que hay “indicios peligrosos de una militarización en el país”. (Augusto Álvarez Rodrich, “¿Gobierna un presidente o un cachaco?”, La República, 13.12.12).
AAR precisa que “al amparo de las facultades para legislar sobre seguridad y defensa, el gobierno del presidente Ollanta Humala está revelando un lamentable espíritu cachaquil que se debe contrarrestar para que no se ahonde el riesgo de que el país se administre como un gran cuartel”.
El asunto es ¿podíamos esperar otra cosa de Ollanta Humala que no se cansa de reiterar que ha sido, es y será un militar? Pero, muy importante, un militar autoritario que no valora la democracia, como lo demostró en la asonada de Andahuaylas que codirigió con su hermano Antauro el 2005.
Corrupción secreta
Uno de los decretos más peligrosos es el 1129 que regula el Sistema de Defensa Nacional. El artículo 12 de esa norma dice que “toda información o documentación que se genere en el ámbito de los asuntos referidos a la Seguridad y la Defensa Nacional (…) son de carácter secreto”.
En concreto, informar sobre el robo de gasolina en la Policía, las raciones en mal estado que se entregan en los cuarteles, el cobro de cupos a narcotraficantes por parte de elementos de las fuerzas del orden, las coimas en las compras de armas y un larguísimo etcétera, está a partir de ahora penado con carcelería efectiva –hasta 15 años– por la ley de Ollanta Humala y su gabinete.
Como bien ha denunciado el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), el decreto atenta contra la libertad de información. Y favorece la corrupción.
Como dato curioso, hay que señalar que el decreto en mención crea –otra vez– la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA), organismo que existía en la década de 1990 y era un “huesero” donde se arrumaban generales y almirantes inútiles o caídos en desgracia. La típica necedad burocrática de los militares, a los que les encanta crear entidades de nombres pomposos que no sirven para nada.
El decreto 1146 prácticamente restablece el servicio militar obligatorio en el caso que los institutos militares no completen el número de reclutas que necesitan, que es precisamente lo que viene ocurriendo los últimos años. Naturalmente, serán los más pobres las víctimas de la leva. Inclusión social a todo vapor.
Mandos retrógrados
Otro de los decretos de antología es el 1150, el régimen disciplinario de la Policía que incluyó en las infracciones muy graves, sancionadas con la expulsión de la institución, mantener relaciones homosexuales que causen escándalo. Ese “delito” estaba al mismo nivel que pertenecer al crimen organizado. El rechazo a semejante despropósito obligó al gobierno a rectificarlo.
El Ministerio del Interior ha sido descuartizado y las direcciones de Migraciones y Control de Armas se han convertido en superintendencias semiautónomas.
Otra de las barbaridades de estos decretos es restringir más todavía la posibilidad de los civiles de adquirir y portar armas de fuego. Encima que el Estado se muestra incapaz de brindar seguridad a los ciudadanos, les prohíbe defenderse. Los delincuentes, por supuesto, no adquieren armas legalmente ni las registran.
La única consecuencia práctica de esas restricciones será aumentar la informalidad, la corrupción y la indefensión de las personas honradas.
Hasta en los detalles son ineptos. Han cambiado la fecha de aniversario de la Policía Nacional, el 6 de diciembre, que conmemora la unificación ocurrida hace un cuarto de siglo, por el 30 de agosto, el día de la Guardia Civil, una de las instituciones que se integraron. Un maltrato absurdo a la Guardia Republicana y a la Policía de Investigaciones.
De hecho, con el pretexto de la especialización, la intención de los mandos retrógrados es volver a las tres instituciones pre- existentes, precisamente cuando se estaba superando el problema.
Las leyes de la Policía han sido redactadas por el actual comando policial, reaccionario e incompetente. El propio Humala lo reconoció el jueves: cuando le preguntaron sobre las sanciones a los homosexuales en la Policía, respondió que él respeta a las instituciones, aludiendo al hecho que son los jefes policiales los que han elaborado esas leyes. Solo olvidó mencionar que él, junto con media docena de ministros, es quien las ha aprobado y promulgado.
Como bien dice Augusto Álvarez, la sociedad debe recordarle a Humala que fue elegido como presidente y “no como cachaco supremo de la nación que a veces parece aspirar a ser”.
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