La ex directora general de Minería del Ministerio de Energía y Minas, María Chapuís, consideró no viable que el Estado asuma toda la responsabilidad frente al daño ambiental ocasionado en La Oroya por la empresa minero-metalúrgica Doe Run, así como su fraccionamiento con la Sunat.
La ex funcionaria sostuvo que esta opción no es la más conveniente para el país, pues el Estado tendría que asumir todas las deudas adquiridas por la Doe Run Peru, las mismas que –según proyecciones- sumarían mil 180 millones de dólares.
“Si se llegara a nacionalizar la Doe Run Peru, el Estado tendría que pagar al menos las siguientes sumas: 150 millones de dólares a su propietario (figura como deuda de la empresa); 120 millones de dólares a sus proveedores (de otra manera no podría recibir concentrados para operar la fundición)”, dijo.
“Estas 2 acreencias suman 270 millones de dólares. Sin embargo, con 200 millones de dólares se puede construir una fundición similar, pero de última generación, y no la planta sub-estándar que está a medio construir en La Oroya”, indicó Chappuis.
La experta en temas mineros sostuvo que a esta cuenta faltaría sumarle la deuda que la empresa minero-metalúrgica tiene con la Sunat, la misma que ascendería a 270 millones de dólares.
Además, la limpieza ambiental (40 millones de dólares), la inversión que falta para concluir la planta sub-estándar (100 millones de dólares), así como las indemnizaciones de los juicios en Estados Unidos por daños a la salud de la población y de los trabajadores de La Oroya, suma que ascendería a los 500 millones de dólares.
“En cambio, si el gobierno decide subvencionar con 10,000 dólares a cada uno de los trabajadores de La Oroya para que se reubiquen, le costaría al Estado solamente 38 millones de dólares”, finalizó.
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