Los integrantes del comando de aniquilamiento Grupo Colina solicitaron acogerse al decreto legislativo 1097, que establece facilidades para aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad.
La norma promulgada impone un plazo de prescripción a todos los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno, medida cuestionada por diferentes analistas y organizaciones de derechos humanos.