La República. Una mentira exitosa: hay un rebrote terrorista, la culpa la tienen algunas leyes y la CIDH. Realidad: la delincuencia y la violencia aumentan imparables.
Es un caso para un estudio interesantísimo de ciencia política: cómo un invento completo, una mentira total, puede convertirse en un hecho político de primera importancia, que se discute durante semanas y cuyas supuestas responsabilidades afectan realmente a algunos políticos.
El engaño, creado por fujimoristas y apristas, es que existe un rebrote terrorista. Lo insólito de esta campaña es que no tiene el más mínimo sustento en la realidad.
¿Cuántos atentados terroristas han ocurrido en Lima, Huamanga, Puno, Trujillo, Arequipa, Huancayo o Cusco en los últimos años? Ninguno.
Incluso los remanentes de Sendero Luminoso, asentados desde hace 25 años en el Alto Huallaga y el VRAE, están poco activos desde hace unos diez meses. Pero, aunque estuvieran realizando acciones, eso no sería nada distinto de lo que han hecho, intermitentemente, desde hace varios lustros.
Inventos
La campaña se basa en acontecimientos como la liberación de Lori Berenson por el gobierno de Alan García, caso cuya responsabilidad compete solo a García, que quería complacer a la administración norteamericana antes de su visita a Barack Obama (incluso la soltaron ilegalmente antes de cumplir los dos tercios de la pena que se completan recién en noviembre).
Pero, como es obvio, la liberación de Berenson no implica ningún rebrote de nada.
El resto lo han construido apristas y fujimoristas sobre inventos absolutos. Por ejemplo, hablan que los gobiernos de Alejandro Toledo y Valentín Paniagua “liberaron a 3,000 terroristas”. Una mentira completa, sin sustento alguno.
El hecho que sentenciados que cumplieron su condena hayan salido de prisión durante dichos gobiernos y el actual es algo que no puede objetarse, cuya responsabilidad no puede atribuirse al Poder Ejecutivo. Y, lo más importante, que no tiene ninguna consecuencia en acciones terroristas.
Retiro de la CIDH
Otro caso es el de los inocentes liberados, porque fueron condenados injustamente por los aberrantes tribunales de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Lo paradójico es que 513 fueron indultados por Fujimori y 142 por Paniagua, como ha recordado Diego García Sayán. (Caretas, 15.7.10). Y ninguno de ellos ha cometido, después de salir de prisión, ningún delito vinculado con el terrorismo, como bien precisa García Sayán.
Por último, han organizado una fábula con las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En realidad, el pago a los padres de Berenson es por los costos del juicio que ganaron. Y si la CIDH les dio la razón es por culpa de la dictadura de Fujimori y Montesinos, que no respetó el debido proceso.
Como bien ha propuesto la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, el Estado debe priorizar las reparaciones a las víctimas de la violencia, cosa que es perfectamente factible sin romper los compromisos internacionales del Perú, y sin caer en la ridícula e impracticable iniciativa del premier Javier Velásquez de abandonar parcialmente la CIDH.
Porque, finalmente, la brillante estrategia para combatir el imaginario rebrote terrorista consiste en retirarse de la CIDH.
Narcotráfico e inseguridad
Quizás más impresionante que la discusión sobre un problema sobredimensionado –Sendero Luminoso ya no es una amenaza al Estado peruano, los remanentes son sicarios del narcotráfico– es la no discusión sobre un problema real y cotidiano que sí es un peligro serio: el crecimiento desmesurado de la delincuencia, de la violencia y la descomposición de la Policía Nacional, la principal institución encargada de combatir el delito.
Un ejemplo de la nula importancia que se le da al tema es la absolutamente intrascendente presentación del ministro del Interior en el Congreso la semana pasada.
En lugar de explicar el significado del asesinato del presidente regional (encargado) de Áncash José Sánchez Milla y el atentado contra el consejero Ezequiel Nolasco, Octavio Salazar entregó un parte policial. “A horas tal, tantos individuos se hicieron presentes en …”.
Y la fauna que habita en el Congreso no fue capaz de hilvanar dos frases coherentes sobre el problema. Ni el oficialismo ni la llamada oposición, en realidad una pandilla de sinvergüenzas (con alguna excepción) cuyo único interés es acomodarse lo mejor que pueden en el último año que les queda para medrar de la mamadera estatal.
Así, mientras apristas, fujimoristas –y castañedistas, habría que añadir– entretienen al público con fantasías y quimeras, el problema real, que amenaza la seguridad del Estado y la calidad de vida de los peruanos, el narcotráfico y la delincuencia avanzan sin obstáculos.