Entre los días 26 y 30 de junio, se produjeron dos derrames de petróleo producidos por la rotura del tramo I del Oleoducto Norperuano, en la zona del río Cuninico (Loreto), afectando aproximadamente dos hectáreas de bosques de dicha quebrada, hecho que ocasionó la muerte de peces y de otros animales,así como la contaminación del agua y de los suelos en dicha área, lo que implica un grave daño al ecosistema sumado al riesgo a la vida y la salud de la población local.
Actualmente, la administración y mantenimiento del oleducto se encuentra a cargo de Petroperu, institución estatal que, a casi un mes de producidos los hechos, no ha realizado acciones adecuadas para remediar el daño ocasionado por el derrame, habiéndose denunciado, además, en medios de comunicación, que se viene contratando a personas de las comunidades, entre ellos menores de edad, para que ayuden con la limpieza del derrame, sin contar con los implementos necesarios de protección para dicha tarea.
Cabe subrayar que tal exposición al peligro de la vida y la salud de las personas, y la generación de daños ambientales, no es un hecho aislado con lo son algunos de los casos documentados y sancionados por el Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) como el derrame, el 2013,ocurrido en la laguna Shanshococha en el Lote 1AB operado por Pluspetrol Norte S.A.
Lamentablemente, la impunidad ante el daño ambiental y la falta de un resarcimiento (indemnización) a las víctimas así como la ausencia de adecuadas acciones de prevención, mitigación y remediación de impactos, ocasionados por las actividades de hidrocarburos, son una constante en Loreto y en otras áreas de nuestro país.
En ese sentido y ante tales hechos, solicitamos a las autoridades fiscalizadoras generen, de manera inmediata y coordinada, acciones para mitigar y remediar los impactos ambientales y de salud, actuales y futuros, que sufrirá la población de dicha zona al haberse visto expuestos a este derrame de petróleo en Loreto y que, asimismo, se sancione con rigor a Petroperú por el grave daño al medio ambiente.
Además, es necesario que el Ministerio del Ambiente así como el Ministerio de Energía y Minas y otras autoridades del Ejecutivo, tomen cartas sobre el asunto, más allá de acciones administrativas, y actué de inmediato para que este derrame no cause mayores impactos y se logre proteger a la poblaciónque se encuentra en la zona con medidas concretas y rápidas.
Creemos que situaciones como las acontecidas de la quebrada Cuninico, nos demuestran claramente la falta de coordinación intersectorial y las actuales debilidades de los organismos de fiscalización para dar una respuesta inmediata.
Demuestra, además, que el último paquete de medidas económicas promulgadas por el Ejecutivo (Ley 30230) debilita la institucionalidad y la fiscalización ambiental, poniéndose en riesgo la salud y la vida de las poblaciones, al recortársele a las entidades gubernamentales encargadas de las fiscalización ambiental sus funciones y potestades así como su peso político, que necesita para cumplir y hacer cumplir la Ley.
El país requiere de instituciones fortalecidas y dispuestas ejercer sus competencias sin interferencias políticas, dando muestras de un real compromiso hacia un desarrollo sostenible e inclusivo del país.
Consideramos que, es posible atraer inversiones sostenibles, operadas por empresas dispuestas a cumplir con adecuados estándares socio-ambientales, que eviten causar daños; mitiguen los impactos de sus actividades en el medio ambiente y en la población; respeten la cultura, las formas de vida y los derechos de la población local así como de los pueblos indígenas, consultándoles y haciéndoles partícipes de aquellos proyectos de inversión.