Un total de 10 mil 133 funcionarios y servidores públicos enfrentan procesos judiciales por haber incurrido presuntamente en la comisión de los delitos de peculado y concusión, y de este total ya han sido sentenciadas cerca de 1,033 personas que con sus actos perjudicaron al Estado, señaló el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén.
El titular de la PCM realizó este anuncio durante la ceremonia de instalación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, ente que tendrá por tarea articular, coordinar y planificar las acciones a cargo de entidades públicas y privadas dirigidas a prevenir la corrupción en el país.
El jefe del Gabinete Ministerial sostuvo que del universo total de ex empleados públicos procesados por incurrir en delitos relacionados a la corrupción, 7765 registran acusaciones por peculado y otros 2977 enfrentan cargos por concusión.
Sostuvo que al informar sobre estas cifras no tenía la intención de causar alarma entre la población, sino para reconocer un diagnóstico de lo mucho que falta por hacer para acabar con el flagelo de la corrupción.
Indicó que en las diferentes instancias del gobierno central se han desarrollado alrededor de 220 actividades durante el 2009 en el marco del Plan Nacional Anticorrupción. Sin embargo, reconoció que este esfuerzo no resulta suficiente, por lo que había llegado el momento de trabajar en conjunto para luchar contra la corrupción.
Nuevo presidente
En la ceremonia de instalación, a propuesta del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, el pleno de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción eligió al presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, como titular de dicho grupo de trabajo.
La comisión está conformada, de manera ad honorem, por los presidentes del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, y del Consejo de Ministros. La integran además la Fiscalía de la Nación, la Municipalidad de Lima Metropolitana, el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo, en calidad de ente observador.
Completan su composición el coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y el director ejecutivo del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética).