De acuerdo al Informe Nº 123 de la Defensoría del Pueblo, 1,347 jóvenes entre 16 y 18 años han infringido la ley penal, y de estos, 847 están privados de su libertad, mientras que el resto cumple medidas socioeducativas, mostrándose una compleja situación de los adolescentes en centros juveniles.
Ante esto, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, recomendó una política pública integral de tratamiento. El estudio realizado en diez centros juveniles muestra que el abandono o retraso escolar alcanza el 36%, y que el 60% proviene de una familia desarticulada; el 53%, de zonas urbano marginales; y el 61,9% refirió haber consumido drogas en algún momento.
Asimismo, la Defensora del Pueblo detalló que actualmente existen nueve centros de internamiento y un Servicio de Orientación al Adolescente, el cual está ubicado en Lima, que aplican medidas socioeducativas no privadas de la libertad, pues la capacidad de los albergues se encuentran en su límite máximo, por lo que es necesario mejorar su infraestructura.