El contralor general de la República, Nelson Shack, anunció que las labores de supervisión realizadas por la Contraloría permitieron detectar que más de 1100 funcionarios y servidores públicos fueron beneficiados con la entrega de canastas básicas de víveres que estaban dirigidas a familias en condiciones vulnerables para ayudarlos a afrontar los efectos de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
“A pesar que algunos de estos funcionarios ganan mas de S/ 8 mil, han recibido sus canastas de víveres, evidentemente eso es parte del control posterior que vamos a realizar apenas concluya la cuarentena. Sin embargo, quiero hacerles notar que desde abril del año pasado, la Contraloría ya no tiene capacidad sancionadora alguna, por tanto todos estos casos de inconducta funcional y corrupción que se están encontrando van a tener que ser canalizados por otras instancias”, enfatizó durante su participación en la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso.
Asimismo, precisó que este hallazgo fue detectado gracias a la implementación de la plataforma “Transparencia en el marco de la Emergencia Sanitaria Covid-19”, la cual ha permitido realizar un seguimiento a la adquisición y distribución de las canastas de víveres, así como el registro de más de un millón de beneficiarios. Durante su intervención ante la comisión, el Contralor General presentó el Plan de Control Integral a la Emergencia Sanitaria COVID-19 y las acciones que se están realizando en el marco de la emergencia sanitaria dictada por el gobierno peruano.
Shack Yalta indicó que en lo que va de la emergencia sanitaria por la expansión del Covid-19, se han emitido 800 informes de control por parte del máximo ente del Sistema Nacional de Control (SNC). Parte de esos informes corresponden al operativo de supervisión realizado al proceso de adquisición y distribución de canastas de víveres para familias vulnerables, donde la Contraloría ha visitado un total de 946 municipalidades y se han detectado deficiencias en distribución, almacenamiento, procesos de compra y en los productos recibidos por las autoridades ediles.
Otras acciones
Como parte de este plan, mencionó que están en proceso la ejecución de servicios de control a instituciones como la Policía Nacional del Perú y la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), y próximamente se iniciarán intervenciones a la supervisión de la gestión de residuos sólidos biocontaminados, a cargo del Ministerio del Ambiente y gobiernos regionales; a los establecimientos penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a las ferias itinerantes para venta de productos agrícolas que realiza el Ministerio de Agricultura y Riego.
En el caso de la ATU, Shack Yalta mencionó que los servicios de control se centran en la limpieza y desinfección de unidades de transporte público, para lo cual la ATU recibió un presupuesto de S/ 50 millones, y en la primera visita se pudo observar que las condiciones en que se realiza dicho servicio no son las adecuadas, por lo tanto no garantizarían que las unidades sean correctamente desinfectadas.
Asimismo, refirió que los auditores de la Contraloría, provistos de equipos de bioseguridad, supervisaron las áreas asignadas a la atención de pacientes con Covid-19 en cerca de 100 hospitales y establecimientos de salud en todo el país, en el marco del control concurrente a la emergencia sanitaria por la expansión de la pandemia del coronavirus en el Perú, informó la Contraloría a INFOREGIÓN.
“Entre los aspectos evaluados en los hospitales visitados se pudo constatar que el principal problema o carencia se centra en la cantidad de profesionales de la salud de cada establecimiento supervisado, con el fin de coadyuvar a la oportuna y adecuada atención de los pacientes sospechosos o confirmados con el Covid-19”, comentó.