En geografía siempre prestamos especial atención a la localización de los objetos y las acciones en el territorio. Existe un consenso de que todas las actividades humanas (acciones) generan impactos positivos y negativos a distintas escalas y grados en el territorio y el ambiente. Es crucial por esta razón, empezar respondiendo, a la pregunta planteada en el título de este artículo.
La respuesta es que sí existe un proyecto minero metálico llamado “Ariana” localizado en la cabecera de cuenca del río Mantaro (conocida también como Alto Mantaro), en el distrito de Marcapomacocha (Yauli, Junín). Quizá el topónimo “Marcapomacocha” les suene lejano e incluso desconocido. No debería ser así. Todos los limeños deberíamos saber que no solo se trata de unas lagunas o un distrito con ese nombre, sino que, estamos hablando de uno de los sistemas más grandes e importantes de regulación hídrica, que permiten el abastecimiento de agua potable en época de estiaje (de mayo a noviembre) a millones de personas en Lima Metropolitana (Sedapal, 2014).
El sistema Marcapomacocha surge como respuesta a la creciente demanda de agua en Lima, que ya era notoria a partir de la segunda mitad del siglo XX, ya que los caudales del río Rímac eran insuficientes en época de estiaje (Sedapal, 2014). Este sistema está compuesto por tres zonas (Marca I, Marca III y Marca IV) que contienen infraestructura construida y dos zonas proyectadas (Marca II y Marca V). Las zonas “construidas” comprenden el represamiento de 6 lagunas (Antacoto, Marcapomacocha, Marcacocha, Sangrar/Pucrococha, Tucto y Huascacocha) que en su conjunto representan el 62 % de todo el sistema de regulación hídrica del río Rímac; una red de canales colectores y conductores; y el túnel Trasandino Cuevas-Milloc (Sedapal, 2014). La zona de mayor sensibilidad e importancia del sistema, es Marca I, pues contiene cinco de las seis lagunas represadas y el túnel Trasandino, única infraestructura que permite el trasvase de aguas del resto de zonas del sistema y de la cuenca alta del río Mantaro hacia el río Rímac.
La mina Ariana se localiza en un lugar muy importante del sistema hidráulico Marcapomacocha por ello ha despertado la preocupación de la sociedad civil (De Echave J., 2019). La concesión para la explotación minera de Ariana “planta de beneficio Ariana-Cap.2000 TDP[1]” (Ingemmet, 2017), tiene una extensión de 732 hectáreas (más de 9 veces el área del distrito de La Punta) y se superpone con componentes esenciales (Metzger, P., D’Ercole, R., 2009) de la zona Marca I, como el Túnel Trasandino y la laguna represada Pucrococha o El Sangrar. Además de ello, hay importantes elementos del ecosistema hídrico (la laguna Escaparate, bofedales y corrientes superficiales de agua).
La superposición de un título habilitante (concesión) para la minería con una zona estratégica que brinda servicios ecosistémicos hídricos, importante para el abastecimiento de agua a millones de personas, muestra de forma emblemática el conflicto de uso del territorio y la superposición del interés privado con el interés común. La zona Marca I, brinda un servicio ecosistémico vital para la vida en la ciudad de Lima, y, para su aprovechamiento (trasvase de aguas) se han invertido miles de millones de soles de todos los peruanos. Resulta contradictorio, que en esa misma zona, el Estado, otorgue una concesión y los permisos ambientales para explotar una mina, que podría poner en riesgo todo el sistema hidráulico Marcapomacocha.
En el área rectangular de 25 000 hectáreas (aprox.), que aparecen en la imagen satelital, existen alrededor de 74 concesiones mineras[2] (Igemmet, 2019), que cubren cerca del 90 % del área total (cabeceras[3] de cuenca de cuenca de los ríos Mantaro, Rímac y Chillón).
Las preocupaciones frente a los peligros múltiples que representa la explotación minera en la zona, ha llevado a que CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal – IDL, las ex congresistas Marisa Glave (Lima) y Katia Gilvonio (Junín), presenten una demanda de amparo ante el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, contra la empresa Ariana Operaciones Mineras S.A.C., para salvaguardar el derecho humano al agua y a un ambiente sano. La sentencia de la Corte aún no ha sido emitida, por lo que la sociedad debería estar alerta e informase sobre el caso, y si es posible, movilizarse para expresar también, sus preocupaciones.
Esta situación problemática podría haberse evitado si tuviéramos un sistema de planificación y ordenamiento que armonice los usos y los intereses que existen en el territorio. Así mismo, la situación sería distinta si se pudiera aplicar la protección de cabeceras de cuenca establecida en la ley de recursos hídricos. Esto no ha sido posible, pese a que el 2017 la ley fue modificada dándole un plazo a la Autoridad Nacional del Agua para la elaboración de la metodología necesaria para delimitarlas. Han pasado más de dos años y hasta el momento no se ha cumplido el mandato legal. Ahora que hemos elegido nuevos representantes del Congreso, esperamos que haya un consenso para la priorización de la elaboración y discusión amplia de un proyecto de ley de ordenamiento territorial, que recoja los intereses de las mayorías y termine con el limbo y el abandono en el que se encuentra actualmente el tema.
[1] Esta concesión contiene todos los componentes mineros de Ariana, que se encuentran plena construcción para dar inicio a la explotación de minerales en el año 2021.
[2] Entre los titulares mineros con la mayor cantidad de concesiones se encuentran: la Compañía Minera Ariana S.A.C con 16 concesiones mineras (existe otro titular minero con el nombre de Ariana Operaciones Mineras S.A.C. que tiene 3 concesiones, una de éstas es la concesión de beneficio de la unidad minera Ariana), le sigue Pan American Silver S.A.C (esta empresa fue la que le vendió la mina Quiruvilca a Southern Peaks Mining – dueña de Ariana – en el 2012), le siguen Volcan Compañía Minera S.A.A. con 7 concesiones y Fresnillo Peru S.A.C. con la misma cantidad que Volcan. Otras empresas mineras que tienen concesiones mineras en el área y llama la atención su presencia son: Minera Chinalco Perú S.A. (3 concesiones) y Doe Run Peru S.R.L. (2 concesiones).
[3] Pese a que estas zonas están compuestas por humedales de gran importancia y aportan con servicios ecosistémicos vitales, no están protegidas. La proliferación de concesiones mineras en cabeceras de cuenca, es una situación normalizada en el país. La nueva ley de minería debería regular esta situación, que tiene que ver con el ordenamiento territorial.
Fuente: CooperAcción
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