El Comercio. No solo las vías fluviales y lacustres, donde últimamente se han producido innumerables robos a bordo de pequeñas naves turísticas, carecen de seguridad policial y militar. Ahora resulta que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, DICAPI, entidad dependiente de la Marina de Guerra del Perú, carece de patrulleras, aviones y demás pertrechos para garantizar el resguardo del mar peruano.
En la eventualidad de un naufragio u otra desgracia marítima es poco lo que el Servicio de Guardacostas podría hacer. ¡Qué decir de la vigilancia que esta entidad —que es la policía fluvial, lacustre y marítima— debería estar realizando frente a delitos flagrantes, como el narcotráfico!
Tal vez, hace siete años, cuando la caja fiscal carecía de los recursos económicos que hoy sí tiene, se tuvo que reducir el presupuesto de la DICAPI. Pero actualmente, cuando el erario ha incrementado sus reservas de manera considerable, resulta injustificable que el Gobierno no le haya devuelto los fondos que necesita para patrullar el litoral como es debido, justo cuando el poder corruptor del tráfico ilícito de drogas ha afinado su accionar.
El especialista Rubén Vargas ofrece datos importantes respecto a lo que está en juego: desde fines de los 90, en lo que denomina el segundo “boom” de la cocaína en manos de los cárteles mexicanos, las rutas de transporte hacia los mercados internacionales son los puertos y no las avionetas, que en la década anterior transportaron la pasta básica cuando el negocio lo dominaban los colombianos.
Nuestro Diario ha reportado, asimismo, cómo la droga infiltró desde hace buen tiempo a las autoridades de regiones como Piura, cuyo puerto principal —Paita— es uno de los más utilizados para embarcar cantidades industriales de cocaína que proviene del VRAE y se canalizan por la sierra de La Libertad.
Los otros son Salaverry, Chimbote, Callao, Matarani e Ilo. La cocaína suele embarcarse, además, en bolicheras que aparentemente salen a pescar, pero en cuyas bodegas viajan en realidad cargas ilegales que se transbordan en alta mar. Sale oculta entre pescado y harina de pescado; solo en el 2006 se logró detectar embarques con casi 10 toneladas de cocaína.
Por ello, es vital que la DICAPI tenga apoyo del Estado para que pueda controlar efectiva y eficientemente los puertos y caletas de todo el país, a menos que haya alguien interesado en mantener las corruptelas.
Como señalan los expertos, bastaría con investigar quién se encuentra detrás de algunos embarques que salen por los principales puertos para dar con los “capos” de la cocaína en el Perú.
La inacción actual es insostenible sobre todo cuando los guardacostas colombianos emprenden exitosas acciones conjuntas con sus homólogos estadounidenses que permiten dar duros golpes al narcotráfico.
En cambio aquí, la DICAPI tiene dos aviones Fokker F-27 parados por falta de mantenimiento, así como casi la mitad de sus lanchas patrulleras marítimas, costeras y fluviales.
Tampoco hay dinero para combustible, por lo que el patrullaje se ha reducido de noventa horas semanales a solo cuatro. Paita, por donde se estima sale un importante cargamento de droga, posee apenas dos pequeñas naves por lo que el patrullaje no se realiza en forma permanente.
En resumen, un calamitoso estado de la guardia costera que se contradice con la política de lucha frontal contra el flagelo del narcotráfico que el Gobierno dice liderar.
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