La II Cumbre Empresarial de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE) se inaugura mañana jueves y contará con la participación de la canciller de la República Federal de Alemania, Angela Merkel; y la comisaria de la Unión Europea de Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad, Benita Ferrero.
Al evento asistirán alrededor de 400 líderes empresariales, quienes discutirán sobre la importancia de la inversión privada para el desarrollo sostenible.
La II Cumbre Empresarial ALC-UE denominada «Inversión para el bienestar, el desarrollo sostenible y la inclusión» se desarrollará en paralelo a la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno ALC-UE, cita que se desarrollará del 15 al 17 de mayo también en Lima.
«La Unión Europea es el principal inversor en Perú y ha logrado consolidarse como el primer inversor extranjero en Latinoamérica. Además, es el primer proveedor de fondos de la región y el primer socio comercial de numerosos países», afirmó el presidente del comité organizador de la Cumbre Empresarial, Roque Benavides.
En 2007, la inversión europea en la región alcanzó los 15,373 millones de dólares cuando a finales de los años noventa la misma tuvo un nivel máximo de 62 millones.
La inversión europea está presente en Latinoamérica y el Caribe a través de importantes empresas como el Banco Santander, el BBVA, Telefónica, Repsol YPF, Endesa y Suez-Tractebel, entre otras.
Además, España es el país con mayores inversiones en Perú, equivalentes a 4,622 millones de dólares (33 por ciento del monto total) en 2007. Le siguen Estados Unidos con 2,676 millones y el Reino Unido con inversiones por 2,553 millones.
Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jaime Cáceres Sayán, indicó que el principal objetivo que tienen los empresarios europeos es contribuir con la mejora del clima de inversión en América Latina y el Caribe, para acelerar el crecimiento económico y reducir la pobreza.
«Teniendo en cuenta el panorama mundial es necesario que los gobiernos reduzcan los riesgos normativos, los costos y las barreras a la competencia que enfrentan empresas de todos los tipos y en todos los sectores , desde las microempresas hasta las multinacionales con operaciones en la región.