UCAYALI. Según una investigación de Ojo Público, a la cual se puede acceder completa aquí, en los límites entre el Perú (Ucayali) y Brasil (Acre), en la Amazonía, se ha intensificado el tránsito de productos ilegales como drogas y madera proveniente de territorios indígenas y áreas protegidas.
Las autoridades de Brasil sostienen que el Perú se ha vuelto del refugio de mínimo cuatro líderes regionales del Comando Vermelho (CV), una de las principales organizaciones criminales de Brasil. En julio del 2021, de manera extraña, un juzgado de Villa El Salvador ordenó –antes de que lo extraditen a Brasil– la liberación de uno de los cabecillas de esta organización que había sido detenido en nuestro país en 2019, según el informe de Ojo Público.
Además, hay comunidades indígenas que están en el medio de todo esto:
Como informa Ojo Público, la comunidad asháninka de Sawawo está ubicada en el punto más extremo oriental de la región amazónica de Ucayali. Es la última localidad peruana en la frontera con Brasil, en la ribera del río Amonia. Llegar hasta aquí desde el lado brasileño es menos complejo que hacerlo desde el Perú, donde la ciudad más cercana se encuentra a varios días de caminata y viaje en bote:
«Un equipo de Ojo Público partió de la ciudad de Marechal Thaumaturgo, en el estado brasileño de Acre, y luego de tres horas en bote, llegó a la comunidad asháninka de Apiwtxa. De allí a Sawawo, en el lado peruano, solo los distancia tres horas en bote. En el mapa, una línea recta imaginaria separa los dos países. En la práctica, el hito fronterizo es en apenas una pequeña placa de madera clavada en un árbol donde alguien ha escrito con tinta: “Hito 40 Perú-Brasil».
Sobre las comunidades y el tráfico de drogas
Sawawo es una comunidad indígena Ashaninka de 127 personas, según su propio recuento. Las malocas tienen el mismo estilo pero son más sencillas que las de Apiwtxa. Antes había un aeropuerto, pero quedó inutilizado por un derrumbe. El Internet se instaló hace apenas un año. Los líderes indígenas nos dicen que somos el primer medio de comunicación peruano que ha llegado al lugar. No hay ninguna representación del gobierno en decenas de kilómetros, a ambos lados de la frontera.
El tráfico de drogas y otras actividades como la tala ilegal han convertido esta región fronteriza en una prioridad en la política de seguridad pública del estado brasileño de Acre. «Creamos un núcleo de inteligencia específico para tratar esta cuestión en Cruzeiro do Sul [es la segunda ciudad más grande del estado del Acre], dedicado exclusivamente al tráfico en la región», dice a Ojo Público el secretario de Justicia y Seguridad Pública de Acre, Paulo Cézar Rocha dos Santos.
El asesinato de los líderes de Saweto, Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, que habían denunciado y se oponían a la extracción ilegal de madera de sus territorios, reveló los niveles de violencia e impunidad en la zona. Los cuatro fueron asesinados cuando se dirigían de Saweto (Perú) hacia la comunidad brasileña de Apiwtxa.
Según Santos, el Perú también se ha convertido en refugio de al menos cuatro líderes regionales del Comando Vermelho (CV), una de las principales organizaciones criminales de Brasil, junto con el PCC (Primer Comando Capital), así como de otros miembros de bajo rango. La autoridad brasileña también señala que “en el ámbito de las acciones de represión, Yurúa (en Ucayali) es nuestra principal preocupación ante este movimiento que se está produciendo en la región”.
El distrito de Yuruá se encuentra en la provincia ucayalina de Atalaya. Como sucede con otras zonas aisladas de las fronteras amazónicas peruanas, tiene altos porcentajes de pobreza. Los únicos medios de transporte son los eventuales vuelos y los desplazamientos por río. La capital del distrito es Breu, aunque en Brasil lo llaman Tipishca.
El narcotráfico internacional, la extracción ilegal de madera y el asentamiento de sospechosas concesiones forestales en el lado peruano han convertido al territorio que habitan las comunidades indígenas peruanas y brasileñas en un escenario de intereses turbios, conflictos internos, crímenes ambientales y asesinatos.
Fotos: OjoPúblico
Los delitos, atribuidos a madereros ilegales por la fiscalía peruana, no han sido juzgados hasta la fecha. Ocho años después del asesinato múltiple, el proceso continúa en juicio oral y no hay ninguna persona siquiera detenida. Antes de ser asesinado, Edwin Chota había entregado mapas, coordenadas y nombres de las personas instaladas en la frontera dedicadas a la tala ilegal.
La nota completa , donde se enriquece la información sobre Acre y la tala ilegal, puede encontrarse aquí.