El Comercio. Puno no es un problema matemático. Desde su capital comercial en Juliaca, hasta los emporios de contrabando y trasiego de dinero en Tilali y Desaguadero, en la frontera aimara con Bolivia.
Por encima de los nevados de 5.200 m.s.n.m. en la localidad aurífera de Ananea, cuyos relaves de cianuro y mercurio envenenan los ríos de Azángaro que desembocan en el lago Titicaca, hasta la selva de Inambari y Tambopata, en donde prolifera el narcotráfico.
De este a oeste y de norte a sur, los conflictos sociales de esta zona –en la mira de compañías de generación eléctrica, mineras y petroleras– no tienen fórmula única de solución.
La Rinconada
A cinco horas de Puno, en el distrito de Ananea (San Antonio de Putina), se empieza a extrañar el frío clima de la ciudad del lago.
Mientras la temperatura cae sin paracaídas, una larga carretera sin asfaltar deja ver el manto del nevado Bella Durmiente.
A ambos lados de la pista, sin embargo, el panorama se transforma y aparecen los terribles efectos de la minería ilegal descontrolada: toneladas de tierra removida, cráteres kilométricos, basura por doquier, relaves dorados que se ramifican sin fin, maquinaria pesada sin placa (innumerables volquetes, cargadores frontales y excavadoras), así como ruidosos motores conectados a largas mangueras que bombean el agua desde una laguna cercana hasta los ‘chutes’, como le llaman a las estructuras artesanales utilizadas para separar la tierra de lo que podría ser un gramo de oro cotizado entre 60 u 80 soles.
Así se ingresa a La Rinconada, pueblo minero ubicado en las faldas del nevado que da origen al contaminado río Carabaya, luego Ramis.
Esta comunidad, habitada por más de 12 mil personas (de las 20 mil que hay en Ananea, según cifras oficiales), alberga socavones desde hace varias décadas.
El problema actual empezó entre los 80 y 90, cuando los lugareños, agrupados en cooperativas, a las que luego se sumaron informales, se lanzaron a buscar oro y acabaron convirtiéndose en una plaga caótica que se extendió a los poblados de Pampa Blanca, Chaquiminas y el lago Suches, entre otros.
El fiscal ambiental de Puno, Federico Chávarry, quien investiga a varios empresarios mineros que depredan la zona, como supuestamente ocurre con el electo congresista fujimorista Francisco Ccama, reveló que también tiene en la mira actos ilícitos propios de mafias, como evasión de impuestos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, que se reflejan en la compra de maquinaria pesada.
“En Ananea se perpetra el principal atentado ecológico de Puno”, dice el fiscal, aunque por ahora lejos de la enorme deforestación de la selva de Madre de Dios.
En junio pasado el Poder Ejecutivo emitió el Decreto de Urgencia 028-2011 por el que ordena la intervención de las Fuerzas Armadas en el decomiso de la maquinaria pesada en Ananea en un plazo de 60 días hábiles, el apoyo a la formalización de la minería ilegal, la no exploración en las concesiones y la limpieza del contaminado río Ramis.
En La Rinconada, sin embargo, todo sigue igual: hombres y máquinas continúan su depredadora rutina ante la solitaria atención de una comisaría y un juzgado de paz.
Unos suben y bajan de los socavones sin descanso, ensimismados y sin prestar atención al extraño. Otros trabajan en sus ‘chancadoras’ de mineral, mientras que el resto observa posibles pepitas de oro o celebra, cerveza en mano, en los improvisados bares al pie del nevado.
En tanto, los niños, futuros mineros, juegan Play Station en casas de calamina que en las noches soportan hasta -10 °C. En los exteriores de la comunidad –último paradero de decenas de combis y buses que salen y llegan de Juliaca– la vorágine es imparable: las excavadoras remueven el Altiplano, los motores y las gruesas mangueras aplacan su sed.
Las autoridades, que prefieren no ser identificadas, se preguntan cómo hará el Ejército para decomisar la maquinaria en los alrededores de La Rinconada.
“Basta que los mineros enganchen las retroexcavadoras y nadie las mueve. Tendrían que dinamitarlas, como hicieron con las dragas de Madre de Dios.
Tremenda pelea se va a armar”, advierte un funcionario del lugar. En el distrito de Asillo (Azángaro), su alcalde, Víctor Cutisaca, espera el cese de la contaminación del caudal del Ramis, cuyas aguas transitan por su jurisdicción. “En la época de lluvias el río se convierte en una mazamorra que envenena nuestros suelos y cultivos”, afirma.
Pampa Yanamayo
En esta comunidad de 600 habitantes en el distrito de Alto Inambari (Sandia) acaba la carretera. No será la cuenca del Monzón en el Huallaga o la de Santa Rosa en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), pero Pampa Yanamayo se ha convertido en los últimos años en la puerta de ingreso al principal emporio de las drogas en Puno.
Oficiales de inteligencia que han recorrido los caminos de herradura del lugar cuentan que esta es una zona hostil. Aquí solo mandan el río Inambari, los cocaleros locales, los ‘colonos’ ayacuchanos y los visitantes bolivianos y colombianos que llegan a Isilluma, un pueblo que promete ganar fama en la órbita del narcotráfico.
“Allí hay pozas de maceración y pistas de aterrizaje clandestinas”, indica el comandante Benigno Sora Luis de la policía antidrogas de Sandia, en donde está el último puesto policial en la ruta de tres horas a Massiapo y Pampa Yanamayo.
Aquí se interceptó una avioneta en el 2007 y se arrestó a un colombiano. No solo eso, en abril pasado sicarios peruanos asesinaron a dos bolivianos que habían comprado droga en Pampa Yanamayo.
La producción de pasta básica también se extiende al distrito de San Pedro de Putina Puncco, ubicado en la cuenca del río Tambopata, en la frontera con el Parque Bahuaja Sonene.
En esta región –que tiene como vecina a la Central de Cooperativas Cafetaleras de los Valles de Sandia (Cecovasa), que produce el famoso café Tunki– hay cierto temor de hablar sobre el narcotráfico.
Tibed Yucra, catador de Cecovasa en San Pedro de Putina Puncco, afirma que la única alternativa es la coexistencia, aunque no sea fácil.
El 2010, por ejemplo, los cocaleros paralizaron una propuesta de Devida y de la Municipalidad de Sandia para reforestar la zona, indicaron que el real objetivo era la erradicación.
Hoy tienen más poder ya que el actual alcalde de Sandia, Isaac Choque Apaza, es cocalero. El burgomaestre dice: “No hay muchos cultivos de coca pues las tierras están cansadas. De lo que se produce, casi todo se vende a la Empresa Nacional de Coca (Enaco) y lo sobrante es para el chacchado en las minas”.
Walter Quispe Becerra, representante de Enaco, arroja por los suelos esta versión: “Ellos solo entregan el 0,05% de su producción de coca y el alcalde Choque recién lo hizo después de dos años”.
El fiscal en Sandia Jony Castillo Velásquez indica que las autoridades están “cercadas” por los cocaleros.
“Ya pidieron la salida del equipo antidrogas del distrito y amenazaron con quemar la sede del Ministerio Público”, alerta el fiscal.
Y así, mientras la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga refiere en su último informe que los cultivos de coca en los valles de Inambari y Tambopata suman más de 3.200 hectáreas (casi tanto como Llochegua o Tingo María), el alcalde de Sandia insiste en resaltar las bondades frutícolas de su provincia.
Ruta Tilali – Juliaca
No tiene el estigma social de la minería informal o el narcotráfico, pero el contrabando que traslada la ‘culebra’ –como le llaman a la caravana de camiones que procede de la ciudad boliviana Puerto Acosta y evade el Puesto de Control Aduanero de Tilali (en la provincia aimara de Moho)– corroe la economía de Puno.
Pero es en Juliaca donde se percibe la real dimensión de dicho delito. Ya no sorprenden los artículos de vestir, de consumo (hay hasta huevos de contrabando) o equipos informáticos que también ingresan por el distrito aimara de Desaguadero (Chucuito) bajo la modalidad de ‘hormiga’.
En los últimos años se ha hecho más fuerte el contrabando de vehículos, desde volquetes hasta retroexcavadoras, que se aglomeran en fila india en el centro de Juliaca.
Oficiales aduaneros, que prefirieron el anonimato, también alertaron sobre el incremento del trasiego de millonarias sumas de dinero que ingresan y salen por la frontera con Bolivia dentro de autos.
“Estamos desbordados. Todo esto ya no es tradicional, esto es crimen organizado”, dijo un agente en Tilali. Hoy más que nunca, bajo los escombros de los locales de Aduanas y de Sunat en Puno (extrañamente quemados tras las protestas contra la minería en mayo pasado), los funcionarios locales piden la presencia del Estado ante la aparición de caudillos radicales y oportunistas de turno.
Quizá esta sea la única variable para entender la complejidad de la región altiplánica y de sus diversos conflictos sociales. Puno, ahora queda claro, no es un frío problema matemático.