Los maestros de la provincia de Padre Abad que se encuentran sin contrato y protestan reclamando la destitución del director de la UGEL provincial, Carlos Saboya, amenazaron con radicalizar su medida con una huelga de hambre que se iniciaría hoy miércoles 10 de junio.
Al respecto, la dirigente del ‘Comité de Lucha de los Maestros sin Contrato’, Esvilda Arce Herbacio, señaló que su agrupación ha decidido tomar esta medida extrema en vista de la inacción de las autoridades regionales, quienes lejos de atender sus demandas, – dijo – protegen a un corrupto.
“Que más pruebas quieren el presidente regional y el nuevo director regional de Educación. Todas las acusaciones en contra de Saboya están probadas, por su culpa estamos luchando en la calle”, indicó la dirigente.
En otro momento, Arce Herbacio señaló que, de los 15 maestros que iniciaron la medida de fuerza previamente, tres han tenido que viajar a Pucallpa para recibir atención médica, ya que por las bajas temperaturas, tenían principio de neumonía.
Dijo que los maestros se cansaron de esperar y de estar viviendo en la vía pública en condiciones infrahumanas, soportando el frío, la lluvia y el incandescente sol, poniendo en peligro la salud de sus pequeños hijos que las acompañan todos los días en condiciones deplorables.
Por ello, la dirigente responsabilizó a las autoridades de la región de las consecuencias que pudieran traer la huelga de hambre.
Denuncias contra director de la Ugel continúan
Más adelante, la dirigente remarcó que el cuestionado director de la UGEL no sólo habría incurrido en actos de corrupción en el proceso de contratación docente, sino que continúa cometiendo más irregularidades en el manejo de los recursos para el mantenimiento preventivo de los locales educativos.
Denunció que Carlos Saboya autorizó a su hermano Gilbert para que administre los dineros que el ministerio de Educación destinó al colegio San José de Curimaná cuando este no es docente en ese plantel.
Entretanto, Carlos Saboya tuvo que acudir ante la Comisaría de Aguaytía para rendir su manifestación policial en la investigación que ordenó la Fiscalía Provincial Mixta por la presunta comisión de un concurso de delitos previstos y sancionados en el Código Penal.