“Que quede claro al Gobierno. Queremos que se modifiquen las normas que impiden el proceso de formalización de la minería artesanal y la pequeña minería en Madre de Dios”, dijo el presidente de la Federación de Mineros de Madre de Dios (Fedemin), Tomas Días Alcántara.
Afirmó que en el D.L. 1293 no hay ningún cambio a las normas que impiden dicho proceso. Alegó que presentaron sus propuestas al Ministerio de Energía y Minas, donde discutieron estos temas como con ningún otro gobierno. Detalló que hasta fueron consultados con el borrador de las modificaciones a publicarse.
Dijo que los mineros locales esperan que las normas que regulan el proceso de formalización sean modificadas antes de que culmine el plazo de las facultades legislativas delegadas al Gobierno por el Parlamento. Aclaró que no pretenden el retorno de las dragas hidráulicas.
“Que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski cumpla sus promesas cuando visitó a Madre de Dios, se sabe que las normas dadas por el gobierno del Señor Humala no sirven para formalizar a los mineros”, remarcó Días Alcántara.
Expresó que si ahora el Gobierno tiene la voluntad política de formalizar a los mineros se debe modificar el D.L. 1100, art. 5. incisos 5.1 y 5.2 que versan sobre las prohibiciones vinculadas a la actividad minería artesanal y al uso de maquinarias.
De no ser así, Días Alcántara dijo que estaría responsabilizando al Ejecutivo de toda la convulsión social que podría darse a nivel nacional de no publicarse las normas que ya habrían sino consensuadas entre la dirigencia de Fedemin y el Gobierno central.
A los reclamos de Madre de Dios se han unido las regiones que tienen minería aluvial como son las de Puno, Huánuco y Cusco. Se supo que representantes de estas jurisdicciones (uno por región) viajaron ayer a la ciudad de Lima para presentar sus reclamos en materia de minería aluvial.
De otro lado, informó que el gremio se reunirá con el Ministro del Interior, Carlos Basambrio, para analizar los asaltos en banda que ocurre en los campamentos mineros. También se dialogará sobre las intervenciones que realiza la policía al transporte de combustible, donde según dijo, la policía cobra coimas por su traslado, dando interpretaciones antojadizas a la norma que regula su transporte y comercio.