PUERTO MALDONADO. En los árboles de la selva suroriental del país crece un fruto que es el medio de vida de cientos de familias en la región Madre de Dios. Este es conocido como la castaña y para garantizar su crecimiento, desde hace años, las comunidades locales e indígenas lo hacen a través de la defensa de sus bosques, a pesar de la nula presencia del Estado.
Una de estas es el centro poblado Santa María, ubicado en la provincia de Tahuamanu, exactamente a 170 kilómetros en carretera de Puerto Maldonado, donde actualmente los invasores dedicados al cultivo de hoja de coca ilegal amenazan y ponen en riesgo la integridad de quienes luchan por conservar los recursos forestales de la zona.
Entre ellos está Don Eduardo Palomino Melo, dueño de una concesión de 399 hectáreas de bosque. “Amenazas siempre hay. Estoy rodeado por las personas que se dedican al sembrío de la coca y la elaboración de la droga. Incluso tengo un área que no estoy trabajando por temor a esas personas. Son agresivas y están armadas”, relata.
Así como Don Eduardo, también está Doña Gertrudis Rosel Peña, quien es administradora de una concesión de unas 380 hectáreas, ubicada en la localidad Planchón, distrito Las Piedras, en la provincia madrediosense de Tambopata.
Ciertamente, el Ministerio Público no es la única entidad involucrada en esta problemática de falta de atención. Pues, algunos de los concesionarios entrevistados por Inforegión, como Don Saturnino Solís Muñóz, revelaron que la última vez que el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), advirtió a los presuntos invasores sobre los procesos de sanción fue hace tres años.
“Dentro de mi concesión han quemado los árboles, han hecho chacra”, revela Solís, quien, con 70 años, continúa a cargo de la administración de 1500 hectáreas de bosque en Lucerna, su comunidad natal, ubicada también en la provincia de Tambopata.
La misma situación contra los taladores ilegales la enfrenta Don Manuel Quispe Gutiérrez. “Siempre hacen quemas al contorno de los predios agrícolas. Yo esos bosques los tengo desde hace años. Mis padres me dejaron eso, ¿si nosotros no los cuidamos quién lo va a hacer?”, expresa con preocupación.
Según MAAP, el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, solo entre los años 2014 y 2015, se deforestaron unas 1.830 hectáreas de bosques, equivalente a 2.507 campos de fútbol, en la región Madre de Dios, afectando en gran medida al distrito de Iberia, en la provincia de Tahuamanu.
En ese mismo lugar, vive Doña Miriam Hermoso, concesionaria de un predio de 1800 hectáreas.
“El Estado no nos ha dado nada nunca. La concesión que yo tengo viene de mi padre a mi madre y ya pasó a mí. Mi padre se fue, mi madre se fue y el Estado nunca les dio ni siquiera un incentivo por conservar el bosque”, afirma.
BAM: El negocio alternativo para luchar contra la deforestación
De acuerdo a la Ley Forestal, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) es la entidad que otorga a los titulares de un recurso forestal o de fauna silvestre el derecho a su uso, por un periodo de tiempo de hasta 40 años renovables para ser aprovechados económicamente.
Estos incluyen el manejo de recursos naturales de flora y fauna silvestre, incluyendo actividades de ecoturismo y conservación. De esta manera, los concesionarios pueden generar recursos económicos, a través de acciones relacionadas a la defensa del bosque, como la reducción de las emisiones de carbono que provienen de la deforestación y que ayudan a combatir el cambio climático.
Tras varios años sin sentirse respaldados por el Estado en su lucha por defender la superficie forestal, concesionarios forestales y productores agrícolas, tales como Eduardo, Gertrudis, Saturnino, Manuel y Miriam, han optado por formar parte de negocios alternativos que les brinden la oportunidad de maximizar la capacidad y valor de sus bosques, promoviendo el desarrollo sostenible para su comunidad.
En esa línea, en 2009 nace el Proyecto REDD+ Castañeros, desarrollado por la empresa forestal Bosques Amazónicos (BAM), el cual agrupa a unas 600 familias productoras de castaña en la Federación de Castañeros de Madre de Dios (Feprocamd), con el fin de proteger más de 490 000 hectáreas de bosques de castaña amenazados por la creciente deforestación del área.
En ese sentido, a partir del trabajo de conservación se generan créditos de carbono, los cuales son comercializados en el mercado voluntario de carbono (MVC) con el propósito de que organizaciones, empresas y personas en todo el mundo puedan compensar su exceso de emisiones de CO2 para mitigar los efectos del cambio climático.
Así, desde hace 14 años, BAM y los productores de castaña de la región han venido trabajando en conjunto con la misión de conservar los bosques ancestrales de Madre de Dios, promoviendo el desarrollo económico sostenible y la mejora de la calidad de vida de las familias socias del proyecto.
Para lograr su objetivo, REDD+ Castañeros reparte beneficios económicos directamente a sus socios concesionarios, como fruto de las ventas de créditos de carbono. Adicionalmente, lleva a cabo un conjunto de actividades de protección y desarrollo para la comunidad, entre ellas, la implementación de proyectos productivos para incrementar las fuentes de ingreso de los concesionarios, esto mediante asesoría técnica y legal permanente, monitoreo y vigilancia, talleres de capacitación, etc.
Este mes, durante los días 12, 13 y 14 de diciembre, se realizó la entrega del adelanto de utilidades producto de la venta de los créditos de carbono en las oficinas del proyecto en la ciudad de Puerto Maldonado. Inforegión estuvo presente en el evento y pudo documentar las voces de algunos de los asociados y miembros de la Federación de Castañeros de Madre de Dios (Feprocamd).
“Los beneficios se entregan en los meses de julio, diciembre y abril, periodo en que se concluye el ejercicio anual. [Los beneficios económicos] son iguales para cada socio. En 2021, se entregó un monto de S/ 29 500 a cada familia. Este año ya se han adelantado S/ 20 000, faltando el saldo correspondiente a las utilidades del 2022 que se entregará en abril 2023, junto con el balance anual”, explica Eduardo Galindo, director del proyecto.
Actualmente, los socios se sienten satisfechos de contar con un beneficio económico por la conservación de sus bosques, y más aún en estos tiempos, debido a la caída significativa del precio de la castaña en el mercado en los últimos meses.
Cabe resaltar que, la Comisión de Economía del Parlamento votó a favor de aprobar la norma que garantiza el pago directo de los bonos al sector castañero, a través del Proyecto de Ley N°3136-2022-CR, impulsado por el congresista por Madre de Dios, Eduardo Salhuana. Sin embargo, esta iniciativa legislativa tiene que pasar a debate en el Pleno.
La ausencia de otros derechos fundamentales
Durante el viaje realizado por Inforegión a Puerto Maldonado, se pudo evidenciar que las demandas de las familias castañeras no solo se centran en la desprotección por parte del Estado frente a las amenazas de las economías ilícitas que las rodean.
Si bien el Proyecto Redd+ Castañeros apoya activamente a los socios castañeros para incrementar sus fuentes de ingreso, también está trabajando en iniciativas que permitan a los concesionarios tener mejor acceso a servicios básicos como salud y educación.
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