Herbert Frey, ingeniero y gerente de la empresa Forestal Venao, llegó a Lima acompañado de dirigentes de las comunidades de Sahuaho y Azuaya, de la provincia de Atalaya, región Ucayali, en la frontera con Brasil, para denunciar la invasión al territorio peruano, secuestro de trabajadores y destrucción de su campamento por parte de miembros del Ejército Brasileño el pasado fin de semana.
Tal como ha venido informando INFOREGIÓN, el ingeniero forestal ratificó la incursión violenta del Ejército del vecino país en el campamento de su empresa, distante a 4 kilómetros de la frontera, en donde incendió y destruyó las instalaciones, utilizó ilegalmente una pista de aterrizaje de la comunidad, taló árboles y, además, secuestró a un ingeniero y a dos comuneros, a quienes retuvo por dos días en sus bases militares.
Desde ese día, ingenieros y comuneros han acudido a todas las instancias de Gobierno para renunciar el hecho, pero hasta hoy no han obtenido respuesta alguna. En la región, los afectados demandaron el inmediato apoyo de la presidencia regional, del Ejército y de la Policía Nacional. Sólo el Ejército respondió facilitándoles un técnico y soldados para verificar los hechos en la zona, pero recién el domingo, cuando ya los secuestrados habían sido liberados. Mientras, el gobierno regional sólo se limitó a recibir la solicitud; y la Policía Nacional de la zona, en lamentable actitud, no sólo no dio importancia al tema sino que incluso trató de desvirtuar los hechos.
Según refirieron, la empresa opera legalmente concesiones forestales en las comunidades Sahuaho y Shahuaya, comunidades que no sólo tienen sus títulos y papeles de propiedad en regla, sino que, además, son las primeras comunidades nativas del país que han logrado certificación internacional por el manejo sostenible que realizan en sus bosques, un punto básico en las recientes enmiendas del Tratado de Libre Comercio (TLC) y que muy pocas comunidades en nuestro país pueden exhibir.
Apoyados en Lima por el Comité de exportadores de la Asociación de exportadores del Perú (ADEX), los empresarios y nativos vienen reclamando el pronunciamiento de la Cancillería Peruana en rechazo de esta flagrante invasión a nuestro territorio nacional y confían en que el Congreso de la República tome cartas en el asunto y forme una Comisión Investigadora que aclare los hechos y formule las denuncias correspondientes.