LIMA. Coches bomba, secuestros, torturas, ir al trabajo y jamás regresar, acudir a tu centro de estudios, que te asesinen por no seguir una ideología política o por ‘confundirte’ con un terrorista. Un período de salida sin retorno. El Perú es el tercer país con más desaparecidos en América Latina, después de Colombia y Guatemala. De los 20 329 desaparecidos durante el Conflicto Armado de nuestro país, solo los restos de 2000 han sido hallados para ser entregados a sus familiares y otorgarles la calma que el terror les arrebató. Conmemorar a las víctimas es recordar a quienes ya no están y exigir justicia para aquellos que ya no tienen voz.
Durante la época de violencia que vivió el Perú entre 1980 hasta el 2000, miles de personas murieron y desaparecieron. Incluso, hasta el día de hoy, muchas familias luchan para encontrar alguna noticia que les dé señales de ese paradero desconocido al que una hija, hijo, hermana, hermano, papá o máma fueron y jamás encontraron el camino a casa. Sin un cuerpo al cual darle sepultura, el tiempo se hace largo y el consuelo parece nunca llegar.
Con motivo del Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, Inforegión conversó con Luyeva Yangali, quien es presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados (Anfadet), cuyo padre, Fortunato Yangali, fue desaparecido el año 1983 en Churcampa. “Uno hasta no ver el cuerpo piensa que va volver, lo mínimo que podemos hacer es recordarlos, yo voy a seguir exigiendo encontrar los restos de mi papá [porque] no hemos encontrado justicia”, menciona Luyeva.
Para la memoria
Debido a las recientes declaraciones del ex canciller Héctor Béjar, quien fue guerrillero y colaborador del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS) durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, muchos fueron los cuestionamientos sobre el pasado oscuro que ha vivido el Perú durante el terrorismo de Sendero Luminoso e incluso antes de él, pero ¿a qué le llamamos terrorismo?
Para Luyeva Yangali, el terrorismo ha sido una época oscura que hasta ahora tiene a sus víctimas sin justicia. “No fue solo sendero, hay que entender el terrorismo de los grupos como Sendero Luminoso y el terrorismo de Estado que nos tocó vivir”, señala.
En 1994, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló que el terrorismo incluye «actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas», y que esos actos son «injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas o religiosas».
Se afirma que alrededor de 70 000 personas murieron durante el conflicto armado. Sin embargo, la misma comisión también señala que la etapa más dura del terrorismo se vivió en las décadas de los años 80 y 90 con el MRTA y Sendero Luminoso. Además, cabe mencionar que fue este último grupo armado quien inició el conflicto interno del país, pues tal como señala el CVR, la causa inmediata y decisiva para el inicio del conflicto armado interno, fue la libre decisión de PCP-SL al declarar la guerra contra el estado peruano y sus proclamas a “pagar la cuota de sangre” y “el triunfo de la revolución costará un millón de muertos”.
Además, según la CVR, Sendero Luminoso cometió asesinatos masivos contra los campesinos de las zonas andinas, quienes fueron los que más sufrieron la violencia de este grupo terrorista, especialmente en los departamentos de Junín y Ayacucho.
Lurgio Gavilán, quien fue parte de este grupo armado antes de ser arrestado y adoptado por unos militares que, debido a ser menor de edad, lo enlistaron en el ejército para que logre reformarse, comenta en su libro “Memorias de un soldado desconocido” cómo los miembros del PCP-SL arremetían contra aquellos aliados, incluso detractores, que faltaran al orden establecido por la “guerra popular”. “Para el partido no existía el perdón. Muerte o fidelidad. A inicios de 1984, atacamos a los ronderos de Yanamayu. Matamos como a diez”, (Memorias de un soldado desconocido, 2017, pág. 65)
No obstante, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, también concluye que no se puede excluir a las fuerzas armadas, quienes también cometieron violaciones contra los derechos humanos, pues tal como señala el mismo informe, el 83% de la violación sexual a mujeres fueron cometidos por las fuerzas armadas y policias hasta 1995.
La conocida masacre de Putis, ocurrió el 13 de diciembre del año 1984, en comunidades aledañas de Huanta en el departamento Ayacucho, donde fueron asesinadas alrededor de 123 personas, incluyendo 19 niños, a manos de las fuerzas del orden, fue recién conocido en 2001. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), revela que efectivos militares de la base de Putis asesinaron a mujeres, hombres, niñas y niños y además se conoce, a base de testimonios, que muchos de esos hombres fueron obligados a cavar sus propias tumbas.
Es así como la violencia que ambos bandos han ejercido en el país ha dejado huellas y heridas sin sanar. Asimismo, ha dejado sin justicia a aquellos que la esperaban. “Anfadet ha tomado conocimiento de más de 500 casos [de desaparecidos] que descansan en el Ministerio Público, hasta ahora solo hemos solucionado cinco de ellos”, señala Luyeva.
El racismo y la justicia selectiva
Fue en el 2001, durante el proceso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando el Estado peruano, después de la caída de la dictadura, se comprometió a reparar a las víctimas del conflicto interno, como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Además, con el fin de seguir encontrando justicia para las víctimas, en el 2016, durante la última etapa de gestión del ex presidente Ollanta Humala, el Congreso aprobó la Ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia de 1980–2000. Con el fin de encontrar, identificar y devolver restos de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, la ley buscó incluir la participación de familiares.
“Con la esperanza de encontrar los restos [de mi padre], yo apoyé esa ley, pero el caso fue archivado, luego la fiscalía reabrió el caso en el 2019, pero por motivos de la pandemia volvió a quedar estancado”, señala Luyeva.
Por estas trabas, este año la Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente, Desplazados y Torturados (Anfadet – Casos CIDH), en la que Luyeva es presidenta, la Asociación de Vivienda “Nuevo Amanecer”, Aprodeh, la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) emitieron una demanda contra el estado peruano por incumplimiento del compromiso.
Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación nombrada por el Gobierno peruano, hasta el año 2000 este conflicto cobró más de 70 000 Siendo los departamentos de Ayacucho, San Martín y Huánuco los más afectados. Siendo que el 90% de las desapariciones, coincidian con el perfil de un hombre rural de dichas provincias, ¿será acaso un tema de justicia selectiva y racista?
Luyeva Yangali señala que sí. “Siempre dan prioridad a los que tienen más plata, yo no tengo poder, no tengo dinero. En el Perú, la justicia la encuentran los que tienen dinero”. Tal como es el caso de las mujeres esterilizadas contra su voluntad en el gobierno de Alberto Fujimori, quienes hasta la fecha buscan justicia y reconocimiento por parte del estado peruano.
La política del “terruqueo”
La segunda vuelta de las recientes elecciones presidenciales, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, trajo consigo una total polarización del país. Fueron muchos los argumentos utilizados para desprestigiar al actual presidente de la República del Perú, quien pertenece al partido político Perú Libre. Entre los insultos utilizados para atacar a los simpatizantes castillistas se encontraba la palabra “terruco”.
En una entrevista para IDEHPUCP, el magíster en Estudios Culturales y docente de la UNMSM Oswaldo Bolo Varela señalaba que las personas o colectivos terruqueados son invalidados por sus ideas o por las necesidades que exigen al gobierno. Oswaldo explica que esta anulación se basa en dos dimensiones; en primer lugar, el llamar terruco a alguien significa que sus reclamos no van a ser tomados en cuenta. En segundo lugar, el arma de la prevención, ya que si cualquier otra persona pensara de esa forma, sería identificado de la misma forma.
“Yo al terruquearte estoy avisando que cualquier otro que quiera hacer algo parecido, automáticamente va a ser identificado como terrorista y ser terrorista en nuestro país es el escalón más bajo de la escala social, ahí no tienes derecho a nada”, señala. Además, como comenta Oswaldo, existe una “oficialidad” de los hechos, pues hay un conjunto de ideas que prevalecen con respecto al pasado de violencia que vivió el país. Él lo llama “memoria salvadora”, en la que se ve a Alberto Fujimori como el héroe que trajo el cambio de modelo económico y venció al terrorismo.
“El propio Sendero Luminoso decía que parte de su objetivo era cambiar la estructura económica del país. Se repite la idea de que el factor económico termina siendo uno de los núcleos de disputa. Si un factor importante es cómo recordamos el pasado, posiblemente otro factor en disputa tenga que ver con cómo nos organizamos económicamente. Saber qué modelo es mejor y cómo se redistribuye a partir de este modelo, ese es otro factor de conflicto”.
Por la vestimenta que usas, por la lengua que hablas, por la música que escuchas, por el cambio que exiges, todas estás concepciones no deberían ser motivo para invalidar tus ideales, mucho menos para atacar la memoria de las personas directamente afectadas por las políticas e ideas del terrorismo de sendero y el terrorismo de estado.
Luyeva Yangali nos comenta que conmemorar este día no solo es importante para hacer memoria, es también para recordar las tareas pendientes que tenemos con las víctimas directas del conflicto. “Para nosotros conmemorar es recordar que hay que redoblar el esfuerzo de las autoridades del estado actual y la del público en general. Que se sepa que hay miles de víctimas que aún están vivos y que han sufrido las secuelas de este terrorismo de estado y de ese terrorismo de sendero. Es doloroso, pero también es necesario. [Ese dolor] No solo debería usarse solo para una campaña política”.
*Escrito por Gabriela Coloma / Inforegión.
Fuentes
(2020, 21 agosto). El terrorismo, sus víctimas y el ejercicio del derecho. Facultad de Derecho. https://facultades.usil.edu.pe/derecho/carrera-de-derecho/el-terrorismo-sus-victimas-y-el-ejercicio-del-derecho/
Efe, A. (2021, 29 marzo). Perú es denunciado en CIDH por incumplimiento en 159 casos de abusos de DDHH. Gestión. https://gestion.pe/peru/peru-es-denunciado-en-cidh-por-incumplimiento-en-159-casos-de-abusos-de-ddhh-noticia/?ref=gesr
Memorias de un soldado desconocido (Segunda edición ed.). (2017). Instituto de Estudios Peruanos.
La participación como reparación: a tres años de la Ley de Búsqueda de personas desaparecidas, por Grace Mendoza. (2019, 25 junio). IDEHPUCP. https://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/la-participacion-como-reparacion-a-tres-anos-de-la-ley-de-busqueda-de-personas-desaparecidas/#:%7E:text=La%20Ley%2030470%20cre%C3%B3%20un,interno%2C%20bajo%20un%20enfoque%20humanitario.
Oswaldo Bolo: «el terruqueo también se vincula con toda esta lógica de posverdad y fakenews». (2021, 13 julio). IDEHPUCP. https://idehpucp.pucp.edu.pe/entrevistas/oswaldo-bolo-el-terruqueo-tambien-se-vincula-con-toda-esta-logica-de-posverdad-y-fakenews/