El Comercio. Como ha ratificado El Comercio esta semana, una cosa es la pequeña minería informal y otra muy distinta la ilegal y furtiva que financia la explotación a gran escala, devasta el medio ambiente e incurre en el blanqueo del oro.
Pero, además, entre otros hallazgos, nuestro Diario acaba de confirmar que tras los entresijos de la minería artesanal se esconden autoridades municipales provinciales que en lugar de sumarse a las medidas de control para regular el uso de dragas hidráulicas causantes del daño ecológico en Madre de Dios, se oponen biliosamente a ellas porque tienen intereses creados.
Esto es deplorable y obliga a los supuestos servidores públicos a explicar si su inacción en un problema que atenta contra la vida, el trabajo digno y el ambiente se relaciona con el hecho de que están en el negocio de la maquinaria pesada que utiliza la minería ilegal.
Este no es el único hecho cuestionable respecto de actividades extractivas, que así como remueven miles de toneladas de tierra afectando la ribera de los ríos, también movilizan millones de soles.
Detrás de todo hay capitales extranjeros, empresas reconocibles cuyos nombres nuestro Diario ha publicado ayer y que el Estado tiene que fiscalizar porque están financiando la ilegalidad; venden y exportan oro, para lo cual utilizan maquinarias que no cuentan con la autorización oficial.
Estos elementos deben formar parte de las negociaciones que el Gobierno ha iniciado con los mineros artesanales, muchos de ellos peruanos engañados por quienes explotan sin escrúpulos recursos invalorables, sin tomar en consideración exigencias técnicas, ambientales y sociales; por gente y por capitales que en realidad no quieren que se aplique el Decreto de Urgencia 010, no porque afectará a la pequeña minería, sino a aquella disfrazada de artesanal que ellos financian, que utiliza costosas y depredadoras dragas.
A ello debe sumarse a ciertos dirigentes gremiales que prometen el oro y el moro a los mineros, como por ejemplo la titularidad de tierras que pertenecen a otras personas. Solo en Madre de Dios hay 1.500 mineros sin derechos y que trabajan para otros, como ha señalado el ministro Antonio Brack.
Ha hecho bien el Gobierno en establecer el diálogo para hallar salidas a esta maraña de equivocaciones y juegos sucios. Lo que no debe hacer es abjurar de su función reguladora ni renunciar a medidas que además de indispensables resultan vitales para avanzar hacia el ordenamiento y la formalización de la actividad minera en Madre de Dios y el resto del país.
Nos referimos al Decreto de Urgencia 010 que se dio para frenar la destrucción de 150 mil hectáreas de bosques amazónicos, avanzar en la lucha contra la deforestación y la desaparición de flora y fauna.
La responsabilidad de estos problemas no se puede achacar solo a la minería informal, pero dar marcha atrás en una norma que prohíbe el uso de 140 dragas instaladas en los ríos de Madre de Dios sería imperdonable.