El politólogo Manuel Bernales publicó el día de hoy en el diario El Comercio un artículo titulado ‘Los Sucesos de Bagua y la Comisión Especial’, en el que se refiere a los lamentables hechos de junio del año pasado que enlutaron al país y a las recomendaciones que los grupos de trabajo ad hoc formularon a las autoridades. INFOREGIÓN reproduce el texto a continuación.
El Comercio. Señor presidente de la República: Integré la Comisión Especial (CE) para investigar los hechos sangrientos acaecidos en Bagua, su contexto, los factores causantes, para hacer recomendaciones en vista a evitar hechos como esos y procurar una reconciliación.
Dicha CE fue designada por unanimidad por el Grupo Nacional de Coordinación y Diálogo: diez dirigentes de Aidesep, diez de Conap, once presidentes regionales amazónicos y seis ministros, cumpliendo acuerdos unánimes entre las partes e incluyendo todas las recomendaciones de la mesa uno, que integré, cuyo fin fue proponer la CE que, también cumpliendo acuerdos previos, se legalizó por el Ejecutivo.
Jamás la mesa uno ni el grupo ni la resolución establecieron que los miembros estuvieran sujetos a mandato imperativo, fueron propuestos por cada parte para integrar una CE con independencia, veracidad y responsabilidad, no para sujetarse a dictados o consultas de cada sector proponente. Habría sido absurdo no investigar sino adjuntar opiniones.
Los seis miembros trabajamos. Mary Carmen Gómez Calleja dijo varias veces que se retiraría porque no compartíamos sus puntos de vista, compaginó un documento con partes de otros y se fue diciendo que era el informe.
Jesús Manacés, elegido presidente a mi propuesta, trabajó quince días más apoyado por Awanach, responsable de la seguridad indígena en la Curva del Diablo. Sus planteamientos fueron recogidos. Posteriormente, Manacés suscribió la carta que Gómez Calleja nos había leído en parte, cuando aquel participaba en la redacción del informe. Tiene derecho a desdecirse.
Ni el Estado ni particulares fueron exculpados por sus responsabilidades: ni su gobierno, que a más de sesenta días había anulado decisiones, expresado breve, moderada y clara autocrítica y comprometido acciones en el Congreso. Ni los religiosos y religiosas de Jaén y Bagua que intelectual y materialmente promovieron y respaldaron el proceso de conflicto que devino en graves ilícitos impunes. Podrían sobrevenir nuevos.
Hicimos 54 recomendaciones para todos los poderes del Estado, gobiernos regionales amazónicos, organizaciones de indígenas y prensa. Asimismo exigimos cumplir el debido proceso, estuvimos en la cárcel de Chachapoyas conversando y ayudando a detenidos investigados. Varios fueron liberados. La autoridad competente, a la que usted puede pedir respetuosamente mayor celeridad, debe investigar y pedir sanción para quienes asesinaron a policías indefensos, confiados en sus captores, uno “desaparecido”; asimismo para responsables por muertos y heridos en la Curva del Diablo en la mejor suposición por el descontrol y enfrentamiento; hubo graves asonadas citadinas, pésima información pública interna e internacional.
La ciudadanía exige justicia y verdad, que cada parte informe sobre su actuación para superar la violencia y construir reconciliación. Nuestra sociedad y la comunidad internacional deben saber la verdad; organismos, autoridades o líderes de ellas no deben mentir ni callar como ahora.
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