En el Plan de Gobierno del candidato Humala no se hace ninguna mención, no lo consideran importante, a las investigaciones de lavado de activos, ni al serio problema del desvío de insumos químicos, mucho menos a las acciones de interdicción.
En el marco de la campaña electoral del 2006, Ollanta Humala visitó el VRAE y propuso: “suspender los vuelos de interdicción contra el narcotráfico por parte de pilotos extranjeros. Suspender la ayuda y asesoramiento de la DEA. Comprar toda la producción de coca e industrializarla”.
Este es el mismo esquema que se viene aplicando en Bolivia. El resultado es que varios asesores personales del presidente Evo Morales y funcionarios del más alto nivel se han convertido en narcotraficantes.
El Plan de Gobierno actual (2011 – 2016), llamado la Gran Transformación, en el capítulo sobre narcotráfico y terrorismo (p.54) parte del diagnóstico de que el problema de seguridad en el país es el narcotráfico y no el terrorismo:
“En resumen, la cosa queda así definida: si se elimina a los rezagos, el narcotráfico continúa; pero si se elimina al narcotráfico, los rezagos no podrán subsistir”.
Este diagnóstico es absolutamente falso. Ambos, terrorismo y narcotráfico, son amenazas reales para nuestra seguridad y gobernabilidad.
Es cierto que conviven y se retroalimentan, pero obedecen a lógicas distintas. Sendero Luminoso, además del tráfico de drogas, tiene otras fuentes de financiamiento, por ejemplo, el contrabando de combustibles y la extorsión.
En el periodo que va de 1995 a 1999 la demanda de drogas cocaínicas desapareció en el país, porque las FARC decidieron sembrar su propia hoja de coca en territorio colombiano. En estos años el terrorismo se financió del comercio formal e informal de la madera, de modo que esta conclusión categórica no se ajusta a la realidad.
El marco institucional que propone Ollanta Humala para enfrentar al narcotráfico es a través de un “Alto Comisionado para la Paz y el Desarrollo” (p.55).
Sin embargo, habría que recordarle que estas instancias ya existen. Fueron creadas en el 2002, como parte de una estrategia para enfrentar precisamente al narcotráfico. En el 2007 se creó un nuevo comisionado para el VRAE, superponiéndose al anterior. Actualmente estos comisionados se han convertido en figuras burocráticas, sin ningún poder real.
La segunda propuesta del señor Humala es verdaderamente surrealista. Propone generar “alianzas específicas” con cocaleros, poceros y cargachos (p.55) vale decir, propone incluirlos en la estrategia antidrogas primero, a los campesinos que cultivan la coca ilegal, segundo, a los que fabrican o procesan la cocaína (poceros) y, tercero, a los que transportan la cocaína de las zonas de producción a los puertos de embarque (cargachos, antes se les conocía como traqueteros).
Definitivamente esta es una manera, por decir lo menos, cándida de ver la naturaleza real del crimen organizado. El que procesa la coca y el que la transporta son partes, son eslabones importantes de una estructura criminal que utiliza dos instrumentos para realizar impunemente sus actividades: la violencia y la corrupción.
En el Plan de Gobierno del candidato Humala no se hace ninguna mención, no lo consideran importante, a las investigaciones de lavado de activos, ni al serio problema del desvío de insumos químicos, mucho menos a las acciones de interdicción.
El candidato nacionalista ha declarado recientemente que “no habrá tolerancia al narcotráfico”, al parecer se ha olvidado que la representante ante el Parlamento Andino, la misma que viene haciendo campaña a su favor en las alturas de Puno y Apurímac, está procesada en el expediente “Eclipse 2010”. No la han detenido como a sus co-procesados porque se ha refugiado en la inmunidad parlamentaria.
Si Ollanta Humala llegara al poder, es muy probable que, como ocurrió en Bolivia, forme un vice-ministerio de la hoja de coca, a cargo, con toda justicia, del asesor que le ayudó en la elaboración de este plan de gobierno, que nos llevaría rápidamente a la ‘gran transformación’.
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