Extracto de la ponencia del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, en el evento El Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, organizado por la Defensoría del Pueblo.
«En mi trabajo como relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la mayoría de los problemas que llegan a mi atención señalan la falta de consulta adecuada a los pueblos indígenas, en particular sobre decisiones relacionadas con proyectos de desarrollo o de extracción industrial de recursos naturales en sus territorios. […] Varios tratados, además del Convenio 169, fundamentan la norma de consulta.
[…] La consulta no se trata de la mera transmisión de información ni de la búsqueda de un “sí” o “no” a una medida ya predeterminada, sino que se trata de un diálogo de buena fe en el que se intercambia información y perspectivas, y en el que se exploran varias alternativas para la medida propuesta, con el fin de llegar a una decisión consensuada. Los pueblos indígenas tienen el derecho de oponerse, de manera pacífica, a los proyectos de inversión u otras medidas impulsadas por los estados, en función de su derecho a la libertad de expresión y de asociación.
El Estado debe respetar este derecho y no fomentar o permitir represalias de ningún tipo en contra de los pueblos indígenas[…] no debe insistir en realizar las consultas mientras que la parte indígena mantiene una oposición clara en contra de la consulta con el Estado y del proyecto o medida en cuestión […] haría difícil la construcción de consensos en el futuro y una paz social duradera […]. La consulta y su vinculación con el principio del consentimiento libre, previo e informado son elementos céntricos para un nuevo modelo de relaciones y desarrollo».