El Comercio A propósito de la última CADE, queda claro que ha llegado el momento de que los empresarios reflexionen también de manera seria sobre la corresponsabilidad que tienen en el problema de las drogas que azota al Perú desde más de tres décadas.
Tengo la impresión de que este sector aún no es consciente de que, en materia de seguridad interna, vamos directo al despeñadero, justo donde ahora se encuentra México, con más de 40 mil muertos en tan solo cuatro años producto de la narcoviolencia.
Los analistas internacionales empiezan a calificar a ese país de ‘Estado fallido’, situación muy parecida a la que nos tocó vivir en los 80, cuando Sendero Luminoso dominaba varios departamentos y empezaba a cercar Lima. En estos escenarios no hay inversión ni posibilidades de negocio que valgan.
Hay dos aspectos que podrían relacionar a un sector empresarial y de la banca con el narcotráfico. El primer aspecto se refiere al desvío de los insumos químicos (IQ) utilizados en la fabricación de las drogas cocaínicas; el segundo es el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas.
El 80% de los IQ que terminan en las pozas de maceración de pasta básica de cocaína tienen un origen legal, vale decir, fueron importados o fabricados en el país por empresas formales y el 20% ingresa de contrabando por las fronteras con Bolivia, Ecuador y Brasil.
Se calcula que este desvío alcanza un poco más de 35 mil toneladas métricas™ que sirven para procesar 320 TM anuales de cocaína.
A manera de ejemplo, mencionemos el caso de la acetona. El kilo de este producto cuesta en el Monzón (Huánuco) 30 dólares y se desvían cuatro mil kilos. El ácido sulfúrico en el VRAE se cotiza a 25 dólares el kilo y se desvían dos mil kilos.
Si estos insumos químicos tienen básicamente un origen legal, ¿cómo es que terminan en las cuencas cocaleras para procesar la cocaína y financiar al terrorismo?
Los cocaleros, tratando de eludir su responsabilidad, dicen que sin IQ su coca no se convertiría en cocaína. Por su lado, los empresarios dicen que el Estado es el único responsable de controlar el uso lícito de estos insumos químicos.
En mi lectura del problema, los cocaleros ilegales y los malos empresarios tienen responsabilidad y forman parte de la cadena del narcotráfico.
En el caso del lavado de activos, los estudios sobre este tema coinciden en señalar que en el país se lavan aproximadamente tres mil millones de dólares provenientes del narcotráfico. Obviamente, esta cantidad de dinero no se blanquea solo construyendo hoteles y pollerías, el dinero sucio ingresaría también al sistema financiero y de bancos.
Muchos nos preguntamos: ¿Cuál es el negocio de las cajas de ahorro y de las cooperativas que están en el Huallaga y en el VRAE –principales zonas productoras de cocaína– cuando prestan dinero a manos llenas? ¿Estas agencias están cumpliendo con reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera los giros sospechosos de dinero que realizarían todos los días?
En junio del próximo año la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicará su reporte anual del monitoreo de los cultivos de coca. Como van las cosas, sin ninguna duda, el Perú se convertirá por encima de Colombia en el primer productor de coca y de cocaína.
Esto significa más corrupción en policías, en militares, en jueces y en fiscales. Será común observar a políticos defendiendo como abogados los intereses del narcotráfico. También habrá más asesinatos, más extorsión, más secuestros y, por añadidura, más terrorismo. Estamos advertidos.
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